Ignacio Araya Chanqueo
Todo empezó con una misteriosa llamada que recibió Carlos Bonilla, por entonces abogado del Consejo de Defensa del Estado, una medianoche de principios de julio. Su interlocutor, que decía ser detective, estaba en una cena del aniversario de Investigaciones, donde -según él- varios funcionarios estaban pegándose jales de coca delante de todos. "Estoy asqueado, soy un funcionario honesto y esto me da asco", repetía el anónimo funcionario policial.
Bonilla -famoso por llevar adelante varios juicios en contra de narcotraficantes- le sugirió al misterioso hombre que llamara al juez Cortés-Monroy, del Tercer Juzgado del Crimen. El detective lo hizo y, en cosa de horas, el magistrado ya estaba en el cuartel iniciando el proceso por presunto consumo de cocaína, recopilando 61 exámenes antidoping. Aunque solamente se necesitaban quince, la institución pidió que todos los funcionarios de Antofagasta se sometieran a él.
El 9 de julio, públicamente se dio a conocer que nueve funcionarios eran expulsados por el consumo de drogas, estallando el escándalo. El inspector general de Investigaciones, José Sotomayor, dijo que los exonerados podían apelar en los cinco días siguientes... pero no había mucho que hacer. "Tales trámites no tendrán ningún efecto práctico. La exoneración es irrevocable", dijo.
Entre el 96 y el 97, en todo el país 63 detectives ya estaban fuera de Investigaciones por estar vinculados con drogas, incluyendo cinco carabineros. Varios estaban metidos incluso en el lavado de dinero del célebre Mario Silva Leiva, alias el "cabro Carrera". A principios del 97, incluso habían pillado a uno de los jefes de la Brigada Antinarcóticos de Antofagasta moviendo droga.
Luego del escándalo, los nueve ex-detectives pasaron a la justicia. El 25 de julio, todos quedaron en libertad bajo fianza, al considerarse entonces que el consumo de droga es considerado como falta, no como delito. Por lo tanto, la Corte de Apelaciones terminó revocando el auto de procesamiento que había sometido el magistrado Jorge Moya.
Cuando se suponía que el terremoto ya había pasado, apenas un mes después encuentran más papelillos con restos de cocaína en un vehículo institucional. "Es lamentable y doloroso", calificó entonces el prefecto zonal, Roberto Rosas. En ese momento no había claridad de quiénes eran los responsables de la nueva aparición de droga en Investigaciones, pero iba a ser el Departamento Quinto (Asuntos Internos) el responsable de averiguar a fondo.
