Redacción - La Estrella de Antofagasta

Los diputados de Renovación Nacional José Manuel Edwards y Gonzalo Fuenzalida se sumaron al llamado que exige a la Presidenta Michelle Bachelet sacar del cargo a Cristián Riquelme, actual director administrativo de La Moneda.

Esto, luego de que el recaudador de campañas de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli reconociera que facilitó $32,5 millones al funcionario durante el periodo de precampaña electoral de la Mandataria.

Según el diputado Fuenzalida "hay una solidaridad, una lealtad mal entendida, o quizás una búsqueda por silenciar a las personas para que no hablen manteniéndolas en el cargo".

En tanto, para el diputado Edwards "ha quedado bastante claro que lo que la empresa Caval hacía era utilizar la influencia de los familiares de la Presidenta Michelle Bachelet en beneficio de su familia".

Finalmente, sobre la solicitud de cambio de sede jurídica que pidió la defensa de Natalia Compagnon, nuera de la Mandataria, para resolver si el Juzgado de Garantía de Rancagua es competente en la causa, el diputado Edwards señaló: "Nos parece evidente que lo que está tratando de hacer es dilatar este juicio". De aprobarse el pedido, la causa se trasladaría al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Caso Caval

Recordemos que la polémica, que fue publicada por la revista " Qué Pasa" en febrero del 2015 puso en jaque al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

La polémica fue de las que más caló dentro de la gestión de su gobierno, en donde la ciudadanía comenzó a desaprobar sistemáticamente las decisiones de la mandataria.

Hasta el momento, el caso aún se mantiene en investigación, en donde se busca hallar pruebas si es que efectivamente el hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos participó directamente en la adquisición de predios y otras irregularidades.

Recordemos también que Dávalos habría ayudado a su mujer a adquirir un crédito por más de 10 millones de dólares, los cuales fueron aprobados los días previos a que la presidenta ganara las elecciones.

Estos dineros fueron utilizados para comprar predios en un terreno en la comu7na de Machalí, por lo cual se acusa al hijo de la mandataria de hacer uso de tráfico de influencia, lo cual aún se mantiene en materia de investigación.

Luego de las declaraciones cruzadas entre el ministro del Interior, Jorge Burgos, y la diputada del PC Camila Vallejo, desde La Moneda llamaron a terminar con las disputas políticas y concentrarse en el programa de Gobierno. Fue el ministro vocero del Ejecutivo, Marcelo Díaz, quien -tras participar en la segunda jornada de la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista- salió al paso de la controversia asegurando que "hay que concentrarse en lo que importa (...) Lo demás, a estas alturas, ya fue. Creo que es suficiente".

Las palabras del secretario de Estado surgen luego que la parlamentaria comunista indicara a El Mercurio que "si hubiera estado en el lugar de la Presidenta, sí habría aceptado la renuncia del ministro Burgos". Posteriormente, este domingo, el jefe de gabinete respondió planteando que "para fortuna del país, de la democracia, las posibilidades de que la diputada esté en condición de ser Presidenta del país son casi igual a cero".

La ciudad de Los Ángeles supera la media nacional de infracciones por conducción bajo los efectos de alcohol. Así lo reveló esta tarde el director regional del Servicio para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Bayron Martinez, a radio Cooperativa. Las estadísticas señalan que de 3 mil 918 controles realizados en la zona, 71 personas fueron sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol y 48 en estado de ebriedad, cifra que corresponde al 1,8% del total. En comparación a la media nacional, la cantidad de quienes conducen en estado de ebriedad alcanza un 1,5%, mientras que en la región llega al 1,2%. El funcionario del Senda, considera que la cifra es preocupante ya que no sólo pone en riesgo la vida de quien conduce, sino de terceras personas, situación que se ha intentado prevenir con diversas campañas.

Las autoridades esperan implementar en 2017 el dispositivo llamado narcotest complementario.