Redacción

Caminaba con su hijo en brazos moviéndose de un lado a otro. Tiene solo un par de semanas. Nació sin tener la oportunidad de conocer a su padre.

Esa mujer era la pareja de Freddy Orellana Pérez, el hombre que fue torturado, quemado y ejecutado en una cueva del sector Ojo Opache.

Ayer en compañía de su familia y su círculo más íntimo llegó hasta el Juzgado de Garantía para presenciar la formalización de cargos de los hasta ahora dos imputados por el homicidio del "Negro".

Fueron más de 30 días de investigación los que permitieron dar el primer paso, tener en el banquillo de los imputados a dos presuntos responsables.

Se trata de César Cortés Rivera (38) y Roberto Luco Núñez (30), a quienes según la información preliminar, los unía un vínculo de amistad con la víctima.

"Formalizamos a uno de ellos por el delito de tráfico de droga tras encontrar marihuana en su hogar y a los dos por homicidio calificado. La prueba recopilada era bastante categórica, suficiente. Fueron 30 días de investigación que permitieron llegar con pruebas científicas", explicó el fiscal jefe de Calama Cristian Aliaga.

En la sala de audiencia ambos imputados exhibían conductas diametralmente opuestas.

Quizás la experiencia en esta lides judiciales de Córtes le permitía escuchar con tranquilidad cada uno de los detalles que eran expuestos.

Pero la expresión de Luco daba cuenta de su angustia. Cada palabra expresada por el fiscal era negada con un firme movimiento de cabeza.

El relato expuesto ante el tribunal daba cuenta de la brutalidad con que actuaron los supuestos responsables.

En medio de un receso solicitado por la defensoría se vio a su familia profundamente afectada. Los ojos de su madre intentaban contener las lágrimas.

Al regresar siguió la exposición de antecedentes, que daban cuenta que entre los tres imputados (los dos que fueron formalizados y quien se quitó la vida) hubo un importante tráfico de llamadas el día en que desapareció Orellana Pérez.

Solo durante dicha jornada de junio se comunicaron tres veces. Se realizaron pericias y la triangulación de antenas establecía que todos llegaron al sector de Ojo Opache.

Pero en este registro de llamada también apareció por largos periodos la víctima, cuyas llamadas luego desaparecieron.

Se presume fue el momento en que fue llevado hasta la cueva donde fue sometido a una macabra tortura.

Así además se vinculó el caso con el robo de tres camiones en el sector de Puerto Seco.

Los antecedentes que se manejaban sindicaban al Negro Freddy como el responsable de este ilícito y también como el hombre a cargo de la venta de la maquinaria.

Pero la información preliminar da cuenta que Orellana Pérez se quiso pasar de listo y quedarse con una tajada mayor a la que le correspondía, sin embargo antes fue descubiertos por sus socios.

Los cómplices decidieron no quedarse de manos cruzadas y adoptaron una drástica medida, lo eliminaron. Será materia de investigación establecer si el desenlace fue premeditado o un hecho que se escapó de sus manos.

El colectivo

Una de las primeras pistas que se trabajó en el caso fue la presencia de un taxi colectivo en el sector de Ojo Opache.

Fue la descripción de testigos la que permitió identificar no solo el modelo, sino que también la línea a la que pertenecía.

Aparecieron imágenes en las estaciones de servicio, hasta que registró a tres hombres que llegaron en dicho colectivo a comprar combustible en bidones.

Este último antecedente además daba luces de la forma en que adquirieron el producto para tras la tortura a la que sometieron a Orellana Pérez, luego prenderle fuego.

Detalles que permitieron ir reconstruyendo las últimas horas del fallecido, quien no se descarta haya estado varias horas retenido por los agresores.

Pero fue la prueba balística la que jugó un rol fundamental. "Fue vital, toda vez que con el arma de fuego que se encontró posterior al suicidio que estaba vinculado nos permitió entregar una información precisa respecto de los proyectiles que fueron disparados por esa arma", explicó el jefe del Labocar, Sergio Cornejo.

Pruebas que hicieron al Tribunal aplicar la más gravosa de las medidas cautelares, prisión preventiva. Además 120 días para investigar.

Desde el Ministerio Público seguirán investigando, no descartando más implicados.