Osvaldo Vega Carvajal
Una denuncia en el cuartel de la PDI de Calama presentaron los arqueólogos, Angel Bravo y Ulises Cárdenas, por un supuesto daño arqueológico y patrimonial en el proyecto Andes Wind Parks y que ejecuta la empresa Gayma S.P.A, en el parque eólico que se encuentra en El Loa.
Fue el pasado viernes en que estos arqueólogos llegaron hasta el cuartel policial, donde Bravo dijo que "nosotros éramos arqueólogos monitores del proyecto y nos informamos de que había un delito, que era la destrucción de sitios arqueológicos".
Acotó que en este proyecto no se tomó ninguna medida previa para evitar este daño, pero sí contrataron a un arqueólogo en la etapa de monitoreo que trabaja en la fase de construcción del proyecto.
"La empresa entró en falta y evidentemente al no ejecutar las medidas previas, y aunque no puedo calificar intenciones, la cosa es que destruyeron patrimonio cultural", dijo.
A su vez, este arqueólogo recalcó que la empresa no hizo la autodenuncia en ese entonces y empezaron a dilatar las cosas, por lo que al pedirles que pararan las obras, al final estos los cesaron del proyecto, como mencionó Bravo.
Mientras que el arqueólogo Ulises Cárdenas dijo que "a mí personalmente me echaron del sitio cuando efectuaba mi labor de monitoreo y les dije que hasta ahí no más llegaba, porque no me prestaba para tratos vejatorios".
Conversamos con el jefe de la oficina técnica de Gayma S.P.A, Víctor Salinas, quien declaró "efectivamente las medidas previas no fueron tomadas y Ángel Bravo se involucró en el proyecto para subsanar esta situación, donde nos dimos cuenta que esta situación era anómala y lo buscamos para tramitar la autodenuncia".
Agregó que "él preparaba la autodenuncia, dio charlas de inducción y en el proceso preparó su oferta técnico-económica respecto al costo de los trabajos de la autodenuncia y luego del monitoreo arqueológico en la fase de construcción de la obra".
Salinas enfatizó que cuando le llegó el valor de estos trabajos, se les dio la orden de cotizar, porque la oferta de Bravo dijo que fue de $126 millones y por lo cual buscaron otra empresa, que les cobraba por lo mismo $7 millones.
"Estamos hablando de un 200 por ciento de diferencia y cuando le dijimos que no seguía trabajando con nosotros, nos manifestaron que nos iban a denunciar", declaró Salinas. Finalizó el representante de Gayma que al final ellos presentaron la autodenuncia este pasado viernes, donde asumen las responsabilidades del daño y paralizaron cinco sitios autodenunciados a petición de la PDI, ya que dijo que fueron dañados cuatro, de un total de 88 estructuras.
88 estructuras o sitios formarían parte de esta ruta caravanera.
