"Está claro que el gobierno y las autoridades chilenas violan de manera sistemática los derechos humanos de bolivianas y bolivianos transportistas en territorio chileno", declaró ayer el presidente boliviano, Evo Morales, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para La Moneda, las palabras de Morales no pasaron inadvertidas. Primero fue el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien calificó estas palabras como "infundadas e incorrectas". Díaz aseguró que estos dichos corresponden a "una seguidilla de declaraciones a las que el presidente Morales ya nos tiene acostumbrados".

Pero luego sería el turno del canciller Heraldo Muñoz, quien aseguró que, con su discurso, "Morales ha insultado al pueblo de Chile, y su firme compromiso con los Derechos Humanos".

Muñoz, quien se enteró de las acusaciones en Washington D.C. (donde se encontraba por la conmemoración de los 40 años del asesinato del ex canciller Orlando Letelier), agregó que el presidente boliviano "ha instituido una política de odio hacia Chile y los chilenos. Los hechos que denuncia sólo existen en su imaginación ideológica".

Jonás Romero Sánchez

La historia del economista Rafael Garay, continúa. En sólo horas su condición pasó de "desaparecido" a "prófugo" de la Justicia. Así lo confirmó ayer el teniente Óscar Valdés, de la dirección de Investigación Criminal de Carabineros. Esto, luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte despachara una orden de arresto en contra del economista querellado por estafa. Ahora pesa sobre Garay un requerimiento internacional y "tiene que ser traído al territorio para que enfrente los cargos que por los que se lo está acusando", afirmó Valdés.

Garay, quien dejó Chile el 5 de septiembre para seguir un supuesto tratamiento oncológico, sumó otro antecendente a su caso.

Horas previas a su vuelo a Europa (y su travesía por París, Holanda, Tailandia y Rumania) el economista realizó una fiesta en el conocido cabaret santiaguino Passapoga, informó Emol.

Nuevas querellas

En Chile hay quienes miran con especial preocupación esta historia. Se trata de clientes suyos, quienes invirtieron dinero en algunas de las empresas de Garay. Entre ellos destaca el periodista de Chilevisión, Iván Núñez, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte, por una presunta estafa de Garay.

La denuncia fue interpuesta 24 horas después de que Núñez difundiera, a través de Youtube, un video donde se refería al ingeniero comercial, exhortándolo a regresar. "Pese a todo lo que ha ocurrido, hay algunos que todavía tenemos algo de cariño por ti. Todo se puede arreglar", dijo en el video.

Así, la denuncia de Núñez se suma a las querellas presentadas en su contra por 16 inversionistas de Bourse Up, empresa a través de la cual Garay captaba personas, con supuestas promesas de obtener altas rentabilidades.

Familia espera noticias

Soledad Garay, hermana del economista, llegó ayer hasta la PDI de Concepción, para solicitar antecedentes respecto de la desaparición de su hermano. Por medio de una declaración pública, aseguró que "desconocen" el paradero y "situación financiera" de Garay, y finalizó con un llamado a su hermano para que volviera.

Sobre el paradero del economista, Cancillería informó esta semana que éste pidió en el consulado de Bucarest, Rumania, un certificado de soltería.

El atentado perpetrado el 21 de septiembre de 1976 al ex canciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, habría sido ordenado directamente por el general Augusto Pinochet. Así lo sostiene uno de los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, sobre el crimen ocurrido en Washington D.C., cuando estalló una bomba en el auto en que se trasladaba el diplomático. "Consideramos que hay evidencia suficiente de que el presidente Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia llevar a cabo los asesinatos", dice un archivo de la CIA. Los documentos fueron liberados en el marco de la visita a ese país de la presidenta Michelle Bachelet.

El líder del Partido Progresista (PRO), Marco Enríquez-Ominami (MEO), acusó ayer ser víctima de una "persecución política" por parte de la fiscalía. Los dichos de MEO ocurren luego de que el fiscal Pablo Gómez pidiera al tribunal fijar fecha para formalizar cargos en contra de MEO, por presuntos delitos tributarios vinculados a la facilitación de facturas supuestamente falsas a la minera SQM Salar.

"Esta formalización no tiene asidero, es arbitraria (…). No tengo boletas, no tengo facturas falsas, no hay depósitos impropios, nunca me he concertado con nadie en Chile para defraudar al fisco", dijo.

El precandidato presidencial acusó al fiscal de ser "operador de Piñera". El persecutor está casado con la abogada Patricia Pérez, ex ministra de Justicia durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera: "Al fiscal de Piñera quiero decirle, los candidatos presidenciales no negociamos con los proveedores".

Al respecto, el ex presidente Piñera comentó: "no quiero comentar sobre un tema que está en manos de la fiscalía y de la Justicia. Es con ellos que tiene que entenderse el candidato".