Redacción - La Estrella del Loa
Nuevamente el municipio de Calama, se encuentra en el centro de la polémica. Esto, porque el fin de semana pasado, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó un recurso de nulidad, tras la situación que se debió a las desvinculaciones que se realizaron con el personal que se encontraba a honorarios.
A consecuencia de esta situación, que se habría originado desde la administración anterior, los afectados realizaron demandas colectivas en contra del municipio loíno.
La concejal Carolina Latorre, comentó que "a mí esto me preocupa, porque yo se lo advertí al alcalde. Es por eso mi rabia y mi indignación, porque se comprometió el patrimonio municipal. Nosotros no tenemos 650 millones de pesos más los 250 que ya gastamos en la Corporación de Cultura y Turismo".
Para Latorre la situación fue advertida y como no se tomaron las medidas del caso, esto puede seguir incrementando el monto que debe pagar la municipalidad por concepto de demandas.
"Existían formas para evitarlo. Lo primero, era que se tomaran las vacaciones. Segundo, hacer modificaciones contractuales y tercero, formar una corporación de desarrollo social, para los trabajadores que no eran esporádicos y no son contratos a honorarios, para que esos funcionarios prestaran servicios a esa corporación", dijo Carolina.
Sin embargo, las principales demandas, apuntan a que los trabajadores desvinculados sí tenían una relación laboral con el municipio, pero éste habría desconocido esa situación.
Es por ello que en total son cerca de 44 demandas, de las cuales 16 ya han sido aprobadas por la corte.
Actualmente, los funcionarios que fueron desvinculados de la Corporación de Cultura y Turismo fueron indemnizados, para lo que se gastaron 250 millones de pesos.
Ahora, se estima que son $650 millones que deben pagarse por estas demandas, las cuales pueden seguir aumentando y llegar a los mil millones de pesos.
La edil dice que la situación preocupa porque no tendrían dineros para ello, puesto que antes de pagar demandas, los recursos podrían haber sido utilizados para la construcción de plazas o nuevos proyectos en beneficio de la comunidad loína.
Ante esta situación, el asesor jurídico de la municipalidad, Carlos Ávalos, comentó que "acá no hubo un despido, es la no renovación de los honorarios. Hay que señalar que los municipios están facultados para contratar a honorarios en ciertas situaciones cuando se refiere a municipalidades que son puerto, cosa que aquí no sucede".
Sin embargo, manifestó que éste es un problema de la administración de Velásquez, donde se contrató más personas con esa modalidad y entregando beneficios que no correspondían.
"Esta problemática se originó en la administración anterior, ya que en los últimos tres años se aumentó excesivamente la cantidad de contratados a honorarios, otorgándoles beneficios que no corresponden, incluso superando en muchos casos a los beneficios que tienen los funcionarios municipales".
En tanto, el municipio también se ahorró $800 millones por las acciones judiciales de los trabajadores a contrata, las cuales salieron en beneficio de la municipalidad.
