Michael Seguel P.

La expareja rumana de Rafael Garay, María Sara Runcan, sería citada a declarar como testigo ante la fiscalía, en la investigación contra el ingeniero comercial, por presunta estafa reiterada y asociación ilícita, por cerca de $1.800 millones.

La diligencia se realizará luego de que el tercer Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la petición del Ministerio Público de ampliar en 45 días el plazo de investigación del caso, que afectó a 36 personas, presuntamente estafadas por la empresa Think & Co.

"Me acabo de enterar en la audiencia que estará en Chile esta señora. Todo lo que sea hacer más diligencias por parte de la fiscalía nos parece bien y creemos que la fiscalía lo va a averiguar y, si está acá, seguramente la va a citar a declarar", manifestó tras las audiencia de ayer el ex fiscal nacional y querellante, Sabas Chahuán.

Runcan es la mujer que habría acompañado al ingeniero comercial tras su salida de Chile, según dijo entonces Garay, para tratarse un cáncer terminal, lo que resultó ser falso.

"Esta también dentro de las sospechosas" apuntó otro de los cuatro abogados querellantes, Rodolfo Blanco, quien cree que María Runcan podría, eventualmente, haber recibido dinero de Garay.

Dinero perdido

"No se han encontrado bienes que permitan decir que las personas que hayan sido víctimas puedan ser reparadas", dijo ayer el fiscal de la fiscalía Metropolitana Centro Norte, José Morales.

El paradero del dinero es una de las interrogantes para los querellantes. "Es imposible que se lo haya gastado todo", dijo Blanco, quien añadió que es probable que "las víctimas se vayan a quedar con pérdida de estos dineros".

Blanco dijo que apelará a la estafa reiterada para intentar que Garay obtenga 10 años de prisión, aunque dijo que es probable que, de ser declarado culpable, obtenga cinco años y un día, sin beneficios.

Garay, mientras, está preso desde marzo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber de Santiago, tras ser extraditado desde Rumania.

1.800 millones de pesos es el monto de la estafa registrado por el Ministerio Público.

36 son las víctimas afectadas por los movimientos de la empresa Think & Co, de Rafael Garay.

A las nueve de la mañana de hoy, en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, comenzará la segunda jornada de los alegatos de clausura por el caso de la muerte de Viviana Haeger. Esta vez se escucharán los argumentos de la defensa de los dos acusados Jaime Anguita (marido de Haeger) y José Pérez (presunto sicario). Ayer fue el turno de la parte querellante. El fiscal Naín Lamas insistió en que ambos sospechosos tienen participación en la muerte de Viviana Haeger. "La prueba del Ministerio Público sólo lleva a una conclusión, que Anguita encargó la muerte de su cónyuge al imputado Pérez, y que este lo ejecutó". Para el jueves se espera la lectura del veredicto por parte del tribunal.

Nibaldo Maldonado, papá de la mujer que falleció tras recibir el fin de semana una herida de bala en una discoteque de Quilicura, en Santiago, ayer esperaba que le entregaran el cuerpo de su hija Leonor Maldonado (25), quien estaba en el Servicio Médico Legal (SML).

El SML seguía ayer paralizado, y con turnos restringidos, en protesta por mejoras en sus condiciones laborales.

"Estamos desesperados todos acá en la casa esperando, para que nos entreguen a la niña", dijo ayer Nibaldo Maldonado.

"Recibí el llamado del Servicio de que no me la iban a entregar y que tengo que esperar hasta el martes o miércoles para traer a la niña y ser velada es Isla de Maipo", añadió Maldonado, sobre los restos de su hija, quien murió en trágicas circunstancias, el domingo.

De acuerdo a la investigación policial, la joven se encontraba sentada con un grupo de amigos en la discoteque cuando, luego de una pelea dentro del recinto, un sujeto abrió fuego hiriendo en el rostro a la joven madre de un niño de dos años y cinco meses.

Los funcionarios organizados en la Asociación de Peritos y Profesionales del Servicio declararon ayer que van a continuar en paro, y cumpliendo con su tercera movilización del año, hasta tener un documento firmado del Ministerio de Justicia que garantice el envío del proyecto de ley que requieren, para mejorar sus condiciones de trabajo.