El procedimiento fue concretado cerca de las 10:00 horas por "carabineros de la Tercera Comisaría, en cumplimiento de un decreto emanado de la Gobernación, que estaba disponiendo el auxilio de Carabineros para colaborar conjuntamente con la municipalidad y la Gobernación en el desalojo de una incipiente toma en el sector", indicó el prefecto de Antofagasta, teniente coronel Luis Fres Soto.

El jefe policial explicó que "en ese contexto, pobladores que se opusieron al accionar de la autoridad administrativa comenzaron a lanzar piedras. Carabineros prestó toda la colaboración y protección del los empleados de la municipalidad y también de la Gobernación".

A consecuencia de los hechos hubo tres adultos detenidos, "inicialmente por desorden", precisó el comandante, añadiendo que desde enero, dicha toma ha sido desalojada en al menos tres oportunidades.

Con tres pobladores detenidos terminó ayer el desalojo del campamento René Schneider II, ubicado en el sector centro alto de Antofagasta.

Redacción

El director regional (s) del SernamEG, Juan Luis Godoy, valoró el trabajo realizado por el Ministerio Público y dicho Servicio como querellante en contra de Eliud Martel Claudio, quien fue hallado culpable por los delitos de homicidio y femicidio consumados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Calama, tras las muertes de su pareja e hija biológica ocurridas el 27 de julio de 2016.

Este es el segundo juicio que determina el grado de culpabilidad del acusado, después que en septiembre del año pasado el tribunal de Calama emitiera el mismo fallo.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta lo anuló tras acoger la tesis de estado crepuscular en que se encontraba Martel al momento de cometer los crímenes.

"Este veredicto es producto de un juicio que se extendió por siete días, donde las pruebas testimoniales y documentales permitieron corroborar que tras un crimen de este tipo no hay excusas de obcecación temporal para eximir a un hombre de un hecho de violencia extrema. Ni los celos, ni el alcohol son argumentos suficientes para tolerar la agresión que afecta a miles de mujeres del país", afirmó Godoy.

Video conferencia

De este modo, SernamEG actuó en representación del hermano de la víctima de femicidio, quien además declaró ante el tribunal por video conferencia desde Santiago.

En el juicio, junto al Ministerio Público, tuvo una participación activa el abogado para casos de conmoción pública y femicidios del SernamEG, Jonathan Barraza Rojas, quien argumentó que se determinó acusar por homicidio y no parricidio, debido a que la hija biológica de Eliud y Deiny Torres fue reconocida legalmente en Perú por un hermano de éste.

Según el Código Procesal Penal, luego de este segundo veredicto condenatorio no amerita un tercer juicio, razón por la cual serán concluyentes los años en que estará privado de libertad, los cuales se darán conocer el próximo martes 20 de marzo en los alegatos de clausura.

Godoy llamó además a efectuar la denuncia oportuna en los Centros de la Mujer de Antofagasta, Calama y Tocopilla, la Policía de Investigaciones, Carabineros, los tribunales de justicia, el SernamEG o bien recibir orientación en el fono gratuito 800 104 008.

20 de marzo se realizarán los alegatos de clausura por este juicio.

Fue el 4 de abril de 2015 en que ex tres funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a un procedimiento policial por tráfico de drogas, donde al final no detuvieron a culpables de este hecho y se quedaron con alrededor de medio millón de pesos.

El tribunal condenó a estos ex funcionarios policiales y este domingo será la lectura de su sentencia que puede ser de tres años y un día, hasta cinco años.

El fiscal jefe Cristian Aliaga, manifestó que "estos son funcionarios que estaban separados de la institución, precisamente de la Brigada Antinarcóticos, donde son una asistencia policial y dos oficiales, y son hechos que ocurren en Baquedano en un procedimiento de droga, en que ellos están ejecutando una cooperación eficaz en un procedimiento en que ya había detenidos".

Agregó que "al llegar al interior de Baquedano, ellos recuperan más droga, pero se encuentran con quienes eran los destinatarios de esa droga. Al ser fiscalizados, les habían sustraído una cantidad no menor de dinero y estamos hablando de cerca de 500 mil pesos".

Por lo mismo, Aliaga recalcó que estos ex funcionarios habrían omitido el dar las cuentas necesarias, ya sea a la PDI como a la Fiscalía, sobre estas circunstancias de haber sorprendido a sujetos que eran los presuntos destinatarios, como no haberlos detenidos y haberse quedado con este dinero.

Finalizó que "ellos fueron acusados del delito de robo con intimidación y de apremio ilegítimo, pero el tribunal desestimó esto", declaró Aliaga.