Cartas
Discriminación
Señor director:
Ha sido una buena noticia que miles de migrantes que estaban en situación irregular, puedan hoy comenzar con el proceso de iniciar sus trámites para obtener las visas correspondientes, lo que es loable por el interés puesto por el gobierno. Sin embargo, existen miles de extranjeros que cuentan con su situación legalizada y que no pueden acceder a trabajos por una discriminación indirecta.
Si bien es cierto que el Código del Trabajo, en su artículo 2º señala que son contrarias a los principios de las leyes laborales las discriminaciones, exclusiones o preferencias, y que la norma detalla en forma taxativa, cita entre ellas "la nacionalidad". A mayor abundancia, la propia C.P.E. en su artículo 19, numeral 16, precisa: "Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos."
Pues bien, una norma administrativa producto de las facultades legales de Carabineros, basadas en su Ley Orgánica Constitucional y en una serie de normas que regulan las actividades de vigilantes privados, asimilando a quienes prestan labores de nochero, portero, rondín, guardias de seguridad u otros como mayordomos y conserjes, exige a estos el Curso OS-10, entre cuyos requisitos está ser chileno, constituyendo un obstáculo insalvable para encontrar trabajos y una abierta discriminación.
Fernando Hormazábal
Libertad de decidir
Señor director:
¿Desde cuándo una ley permisiva se volvió imperativa? Por un lado nos obligan a pagar impuestos y ahora nos obligan a realizar cosas, con las que no estamos de acuerdo, con ese mismo dinero. Se ha dejado de lado la libertad decidir, que por cierto está respaldada por la Constitución, olvidando que la objeción de conciencia por parte de instituciones responde a la objeción que tiene una colectividad de pensamientos unida la en pro de un mismo sentir. Con esto se está pasando a llevar el fin fundacional de la institución. Se cumple el dicho: "el que paga, pone la canción" ¿Qué sigue después? ¿La obligación de abortar a nuestros niños, tal como ocurre en otros lugares? Lamento decir que los órganos fiscalizadores, encargados de velar por el respeto a la Constitución, están politizados, consecuencia de 20 años de gobierno de izquierda.
Alonso Iván Riquelme