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Alcalde despide a director jurídico

Para Daniel Agusto, se había perdido la confianza en el abogado.
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Redacción

En una carta que se filtró en diversas redes sociales, cuya veracidad fue ratificada por fuentes al interior del municipio de Calama, el hasta entonces director jurídico de la casa consistorial, Carlos Ávalos, respondió la solicitud de renuncia que había recibido por parte del alcalde Daniel Agusto en su correo electrónico institucional el pasado 28 de agosto, donde el jefe comunal fundamentaba su decisión argumentando que el abogado carecía de confianza para realizar esa función.

Ávalos, en la misiva, dijo no compartir la justificación de su despido, explicando que "el motivo puntual, y usted bien lo sabe, para solicitar mi renuncia, no es otra que la de haber confeccionado junto a mi equipo de trabajo, un informe respuesta al Recurso de Protección interpuesto por doña Tamara Aguilera Jopia en contra del municipio y del honorable Concejo Municipal, como cuerpo colegiado, en la forma que nos mandata la ley, es decir, defendiendo los intereses del municipio y, por ende, de usted en su calidad de jefe superior del servicio y no perjudicando al municipio".

En el escrito, el abogado le agrega al alcalde que aquel informe "le ha hecho perder la confianza en mi persona. En todo, don Daniel, los valores y principios enseñados por mis padres no los tranzo por nadie… No por ser un cargo de confianza, (debo) apartarme de la legalidad, honestidad y probidad administrativa".

Ávalos, además, manifestó que el alcalde debió notificarlo en su propio despacho y no por correo electrónico su despido, ya que "todos los funcionarios del municipio, cualquiera sea su calidad jurídica, se merecen un trato digno".

A su vez, la carta daba cuenta del trabajo intachable que desempeñó Ávalos -según explicó- durante 10 años en el municipio, sin procedimientos administrativos en su contra y sin haber caído en ilegalidades.

10 años, en el municipio llevaba Carlos Avalos.

Autoridades y personas que viven en la calle participaron de cabildo

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Un inédito encuentro se realizó ayer en Calama. Por primera vez el alcalde de la comuna, Daniel Agusto, la gobernadora de El Loa, María Bernarda Jopia y la seremi de Desarrollo Social, Fernanda Alcayaga se sentaron a conversar para conocer las demandas y necesidades de las personas que viven en la calle en la ciudad.

Se trató de un cabildo, en el que también participaron los representantes de agrupaciones sociales como el Hogar de Cristo y Cáritas Calama.

Durante la jornada un grupo que representó a la gente que vive en la calle dio a conocer a las autoridades su realidad en Calama y resumió sus necesidades en cuatro áreas: habitabilidad, reinserción social, rehabilitación y voluntariados.

Rosa Ríos, quien vive en los rucos ubicados atrás de un supermercado de la avenida Grecia, solicitó a las autoridades presentes la necesidad de contar con un albergue permanente en el que las mujeres puedan estar.

"No tenemos dónde quedarnos porque el Hogar de Cristo nos autoriza una vez al mes para pernoctar ahí. Necesitamos un centro para la mujer, nos hace falta y necesitamos ayuda", comentó al respecto Ríos quien actualmente acude al albergue que el municipio junto a la seremi de Desarrollo Social habilitó para la época de invierno.

Más de mil trabajadoras vulnerables reciben bono

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Un importante aporte están recibiendo 3.516 trabajadoras vulnerables de la región, de las cuales más de mil pertenecen a la provincia El Loa, quienes postularon al bono anual que entrega el ninisterio de Desarrollo Social en coordinación con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). El promedio del beneficio bordea los 151 mil pesos y la entrega total en la zona alcanza los 531 millones de pesos, para aquellas mujeres regidas por el Código del Trabajo o que tengan calidad de independiente, todas con sus cotizaciones previsionales al día para acceder al beneficio que ya es pagado desde el martes.

En el desglose, Antofagasta registró 2.080 beneficiarias, mientras que la cifra en Calama y Tocopilla llegó a 963 y 226, respectivamente. Le siguen en la asignación de los bonos, Taltal (94), Mejillones (66), San Pedro de Atacama (59), Sierra Gorda (13), María Elena (12) y Ollagüe (3).

La modalidades pago corresponde a un 86% mediante depósito y el resto en efectivo para las trabajadoras que tengan un promedio una ruta bruta mensual inferior a los 461.938 o una renta bruta anual inferior a los $5.543.260. La seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga, destacó que el bono Trabajo Mujer es un subsidio al empleo.