Un llamado a respetar la máxima de velocidad de 50 kilómetros por hora efectuó el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Edgar Blanco, en relación a los traslados y uso de la avenida Circunvalación en toda su extensión.

Blanco precisó que "la avenida Circunvalación es una vía urbana, por ende se ajusta y tiene que tener los estándares que la Ley de Tránsito precisa para su uso, es decir con un máximo de velocidad de los 50 kilómetros por hora", dijo la autoridad de Obras Públicas.

El pasado mes de julio el Congreso aprobó la modificación a la Ley de Tránsito y que permitió reducir de 60 a 50 kilómetros por hora la máxima velocidad en vías urbanas, y dentro de la cual la avenida Circunvalación "califica, puesto que si bien bordea Calama, está ubicada y bordea distintos sectores habitacionales de la ciudad", agregó Edgar Blanco.

Dos mil personas mueren cada año, en promedio, en Chile producto de accidentes de tránsito. Disminuir esta lamentable estadística, que afecta de manera importante a ciclistas y a peatones, fue el objetivo central del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, y que posteriormente fue ratificado por el Senado, y que en Calama tiene el emblemático caso del pequeño Tomás Cancino, quien falleció tras ser impactado por un camión tres cuartos en la avenida Circunvalación.

Uno de los objetivos que se buscó alcanzar con esta reducción -de 10 kilómetros- es que una baja general en el límite de velocidad urbano -las municipalidades cuentan con la facultad de disminuir la velocidad máxima permitida en ciertos perímetros de sus comunas- permitirá disminuir el número de accidentes y, más importante aún, la probabilidad de muerte de quienes resulten afectados por uno.

"Para cumplir con esta normativa se han hecho coordinaciones con Carabineros e inspectores de Tránsito para que fiscalicen la avenida Circunvalación y si es necesario multen a quienes infrinjan la ley en caso de ser sorprendidos a alta velocidad", cerró Blanco.

Redacción

Con total desesperación viven un grupo superior a las cien familias que se encuentran inquietas, y con bastante temor, luego que el pasado miércoles fueran notificados por Carabineros y un topógrafo, quienes les informaron que deben abandonar los terrenos en toma que ocupan en el sector denominado como Vegas del Sailao, ubicado por calle Tocopilla al poniente de Calama.

Ayer las familias que fueron notificadas efectuaron una masiva reunión para analizar el tema que les aqueja, y en la que clamaron por ayuda a las autoridades de gobierno y municipales para que empaticen con su situación, no sólo por la precariedad en la que habitan, sino que conscientes de la irregularidad en la que están, sean escuchados y puedan recibir posibles soluciones.

"Entendemos que nuestra situación es irregular [...] pero se nos notificó y se nos exigió que abandonáramos los terrenos a más tardar el próximo miércoles 24 de octubre, imponiéndonos un plazo casi imposible de cumplir debido a que tenemos bastantes cosas, inversiones y somos familias numerosas que no son fáciles de trasladar", dijo Daniel Rojas, poblador hace nueve años de la toma.

Ayuda

Para Hernaldo Morales, uno de los pobladores que lleva 12 años en esa condición, es necesaria la ayuda de las autoridades porque "hemos hecho inversiones como mejoramiento de terrenos, hemos cultivado maíz, tomates y otros, como también cuidado estos terrenos. Insisto, estamos en terrenos privados, pero no por eso no estamos invisibilizados para las autoridades".

Según quienes se encuentran en esta situación "se necesita que las autoridades hagan eco de esto, porque nuestra precariedad nos ha llevado a tomar medidas extremas como esta, las que en ningún caso quisimos, pero que debimos tomar porque tenemos familias y también la esperanza de tener algún día la casa propia", sinceró Richard Campana y quien lleva nueve años en toma.

Un aspecto no menor, es la gran cantidad de familias que allí se alojaron hace años y que son parte del fenómeno de las ocupaciones ilegales que hay en la comuna, con presencia de bastantes extranjeros.

"Estoy postulando desde hace años para obtener mi casa. Eso no ha ocurrido, y en esa espera decidí llegar hasta acá y traerme a mi familia, porque me aburrí de pagar arriendo [...] nos hemos expuesto a riesgos que mucha gente y las autoridades no visualizan, como por ejemplo que hay niños, niñas y jóvenes que deben caminar largos tramos para llegar a Calama y tomar locomoción en dirección a escuelas", argumentó Hernaldo Morales.

Según explicaron los pobladores la notificación fue informal.

El proyecto de ley que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio, abriendo la posibilidad de expropiar las operaciones por parte del Estado, fue aprobado por la Comisión de Minería Y Energía de la Cámara y la próxima semana pasaría a discusión en la sala. La iniciativa fue presentada en 2016 por un grupo de diputados encabezados por Daniel Núñez.

El parlamentario explicó que la moción surgió en momentos que se vivía el punto mas álgido de la disputa entre Corfo y SQM: "Cuando emplazábamos al exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, a actuar, nos decía que estaba impedido porque lo veía un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio y que el Estado no tenía atribuciones ni mecanismos para defenderse", detalló.

El congresista agregó que cuando se le planteó a Bitrán la posibilidad de expropiar "dijo que no tenían facultades legales y depende del Congreso. Ahí surgió la necesidad de poder dotar al Estado de más herramientas para hacer valer el interés nacional y asegurar que el litio, que es un mineral estratégico, realmente vaya en beneficio de todo el país y no quede en manos de empresas que incumplen sus obligaciones y deberes".

Respecto de los alcances del proyecto de ley, el diputado PC especificó que consta de dos artículos, uno muy concreto que establece que la explotación, comercialización e industrialización del litio es de interés nacional y "eso como declaración jurídica fortalece la posición negociadora del Estado frente a cualquier empresa con la cual tenga contratos o explote el litio en nuestro país", dijo.

Núñez agregó que, en segundo lugar, "declara de interés nacional la explotación del litio y por esa vía a las empresas que hoy en día lo explotan, particularmente Soquimich, y vamos a pedir que se agregue Albemarle y las otras empresas", advirtió.