Con el fuerte compromiso de evitar el ingreso de drogas al país Carabineros del Os-7 El Loa despliega diariamente diversos servicios especializados de acuerdo al análisis permanente de los modus operandi y accionar de traficantes.

Este trabajo investigativo y de inteligencia policial evitó una vez más que una importante cantidad de drogas llegaran a su destino final que en este caso serían las calles de Antofagasta.

El procedimiento en cuestión se inició cerca de las 23 horas cuando Carabineros del Os- 7 El Loa se encontraba realizando controles vehiculares en la Ruta B-25 km 108, acceso sur a Calama, en compañía del ejemplar canino "Moro".

En el lugar fiscalizado un bus interprovincial itinerario Calama-Antofagasta y al realizar un recorrido por el sector de los pasajeros fueron encontrados bajo uno de los asientos un bolso negro el que mantenía en su interior 10 paquetes rectangulares enhuinchados con cinta transparente contenedores de Clorhidrato de Cocaína más dos paquetes similares y un cilindro amarillo que contenían marihuana.

De acuerdo las diligencias realizadas por Carabineros de esta sección especializada al parecer él o los responsables de trasladar la droga ante la eventualidad del control policial abandonaron el millonario cargamento, avaluado en más 114 millones de pesos. En total la droga incautada son 10 kilos 790 gramos de Clorhidrato de Cocaína y tres kilos 145 gramos de Marihuana.

Personal de Carabineros que realizaba patrullajes preventivos en bicicleta durante la madruga, lograron la detención de un ciudadano extranjeros que comercializaba droga en pleno centro de la ciudad.

Se trataba de un ciudadano colombiano que permanece en el país de manera irregular, en cuyo poder se encontraron 206 envoltorios en cuyo interior se ocultaba pasta base de cocaína.

El procedimiento se realizó en calle Sotomayor con 23 de Marzo, donde se encontraba apostado el ciudadano comercializando la sustancia ilícita.

Además en su poder se encontró dinero en efectivo, que se presume, eran partes de las ganancias obtenidas por las ventas ilegales realizadas por el hombre que fue detenido por Carabineros.

Redacción - La Estrella del Loa

Se trata de un caso particular, donde dos hermanos fueron formalizados por el mismo delito, pero en fechas distintas. Ambos fueron absueltos.

Fue en febrero de 2016 cuando en medio de una pelea murió Christoper Araya Jofré de 19 años.

Desde ese momento se inició una investigación que busca dar con él o los responsables de este homicidio. El primero en ser detenido fue J.N.A, quien era sindicado como el responsable de esta muerte.

Quedó en prisión preventiva hasta que durante el 2017 se desarrolló el juicio oral en que resultó absuelto. El Ministerio Público apeló a este falló y nuevamente se realizó el proceso. El Tribunal ratificó la absolución del primer imputado.

Luego de más de un año en prisión preventiva, recuperó su libertad. Comenzado así un nuevo proceso investigativo que buscar ubicar al responsable de la muerte de este joven.

Fue en febrero de 2018 que se formalizó a M.N.A, hermano del imputado anterior, también como responsables del homicidio.

Desde esa fecha quedó en prisión preventiva. Pasado un año comenzó el juicio oral en su contra, donde la sentencia nuevamente fue absolutoria.

Se trata de un fallo en primera instancia, que está siendo analizado por el Ministerio Público para determinar los pasos a seguir. Sin embargo, el pasado 19 de marzo M.N.A logró recuperar su libertad, tras ser absuelto en primera instancia al igual que su hermano.

"No se puede dejar de considerar que el acusado permaneció durante más de un año en prisión preventiva, sin que durante dicho período aparezca haberse generado prueba diversas a la ya existen en los juicios que antecedieron a éste, siendo testigo el Tribunal de una estrategia basada únicamente en una participación por defecto - "si no fue uno fue el otro"-, que ya desde el origen, se vislumbraba sin posibilidad de éxito para establecer la responsabilidad del enjuiciado en los hechos", es parte de lo expuesto por los jueces. Son 10 días los que tiene el Ministerio Público para apelar a la determinación del Tribunal de Juicio Oral en lo penal.

En caso de ser ratificada la sentencia, el afectado podría iniciar acciones legales luego de estar privado de libertad durante un año por un delito que la justicia estableció no había cometido.