Redacción - La Estrella
La edad promedio de los imputados que quedaron en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social en Antofagasta es de 29 años, y el 97% de este grupo, ya registraba antecedentes penales.
"¿Qué nos dice esto?", explica el fiscal regional Alberto Ayala, que "quienes están cometiendo delitos son delincuentes comunes, que se aprovechan de una manifestación legítima para esconderse y realizar hechos delictivos".
El jefe del Ministerio Público en Antofagasta se refiere al perfil de los imputados que elaboró la institución, a partir de cifras de ingreso de causas entre el 18 de octubre y el 29 de noviembre.
"Aún cuando superemos este momento (crisis social), no podemos olvidarnos de estos actos delictuales y tenemos que trabajar para esclarecer los hechos, dar con los responsables, llevarlos a juicio y obtener condena", enfatizó Ayala.
Desde el inicio de las movilizaciones hasta el 29 de noviembre, la Fiscalía contó 8.337 ingresos y el 26% (2.230) fueron casos delictivos asociados a la contingencia.
De las 80 prisiones preventivas decretadas por el Tribunal de Garantía en ese lapso, el 97% de los imputados contaba con antecedentes penales, con una edad promedio de 29 años.
Cautelares
De los 2.230 ingresos, formalizaron a 1.066 personas. De este total, seis menores quedaron en internación provisoria, 314 imputados con prohibición de asistir a lugares donde cometieron los hechos, y 80 fueron enviados a prisión preventiva, entre otras cautelares.
Sin embargo, solo por el concepto de saqueo, el Ministerio Público formalizó a 664 individuos, consiguiendo 67 prisiones preventivas y 597 medidas cautelares.
El fiscal regional manifestó que los delitos denominados como saqueos son una conducta que no está tipificada, por lo que las formalizaciones son por robo en lugar no habitado y receptación.
"Son delitos que tienen penas muy bajas y tenemos que aplicar medidas cautelares de baja intensidad", señaló el persecutor. Y agregó que no existe la posibilidad legal de dejar a todos los detenidos por saqueos en prisión preventiva, porque no corresponde.
"Pero sí tenemos un número importante de quienes cometieron hechos que en concepto de la Fiscalía son más graves y las hemos dejado privadas de libertad", puntualizó.
Ayala apuntó a la falta de normativas que regulen estos episodios de una manera más específica en el contexto de movilizaciones sociales. Por eso valoró la tramitación del proyecto de ley que busca sancionar estas conductas de forma más grave.
Sobre la posibilidad de que algunas causas sean suspendidas, el fiscal regional puntualizó que en los casos que no existan pruebas suficientes, "tenemos que aplicar las salidas que establece la ley, y una de ellas es la suspensión condicional del procedimiento, pero todavía no estamos en la etapa de tomar esa determinación".
Los datos del Ministerio Público fueron entregados ayer durante una reunión con el intendente Edgar Blanco y el diputado José Miguel Castro.
El jefe regional indicó que la tramitación del proyecto de ley que tipifica delitos como el saqueo, busca que "no sea necesaria la aplicación de la ley de seguridad del Estado".
Esta ley eleva drásticamente las penas de delitos menores y la Intendencia ya ha presentado más de cien querellas por este concepto.
El diputado precisó que el miércoles aprobaron el proyecto que tipifica el saqueo y las barricadas. "Esto lo tenemos que asumir como Estado, entre los distintos poderes y trabajando en conjunto", dijo Castro.
