Redacción - La Estrella

E l departamento municipal de Seguridad Pública, en conjunto con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) fortalecerán la labor de control en la venta informal de medicamentos en toda la ciudad, e iniciarán un trabajo que le permita al Ministerio Público efectuar acciones penales contra quienes sean sorprendidos ofertando barbitúricos y medicamentos que se encuentran sujetos a la Ley 20 de Drogas.

"Si bien hemos colaborado en fiscalizaciones previas y periódicas, también queremos ir un poco más allá y comenzar a entregar datos de quienes sean sorprendidos efectuando este tipo de ventas informales al Ministerio Público, puesto que hay medicamentos y barbitúricos que están sujetos a control de la Ley 20 mil de Drogas, y tomar acciones que ayuden a evitar la oferta de remedios sin prescripciones médicas", comentó Isaac Vásquez, director del departamento municipal de Seguridad Pública.

En el contexto del lanzamiento de la campaña preventiva en la ciudad, la directora regional del Senda, Amanda Roco agregó que "hoy tenemos mucha preocupación por el acceso que tienen las personas a medicamentos que deben ser utilizados sólo bajo prescripción médica. Pero hemos notado que los jóvenes principalmente están accediendo a este tipo de fármacos, los cuales pueden obtener con mucha facilidad, y eso nos está preocupando y tomaremos acciones concretas para educar, prevenir y también informar acerca de los efectos que generan estos químicos, sobre todo en la población mejor o más joven".

Contrabando

Sobre las figuras penales que podrían configuraras en estas fiscalizaciones el director de Seguridad Pública del municipio explicó que "tenemos antecedentes de contrabando de estos medicamentos, y en conjunto con las policías esperamos obtener mayor información acerca de la procedencia exacta de estos, pero ahí podría haber un delito, como también la venta sin prescripción. Todos los antecedentes que logremos recabar los entregaremos a la Fiscalía para su análisis", agregó Vásquez acerca de estas medidas.

"Pondremos énfasis en este tipo de irregularidades, más aún cuando jóvenes y sobre todo adolescentes están consumiendo fármacos muy potentes y sin prescripción. Es importante efectuar esta tarea porque el acceso a medicamentos puede ser muy peligroso, no sólo por la adicción que pueden generar, sino que también por los daños neuronales y físicos que pueden traer en un uso indiscriminado", agregó Amanda Roco.

La directora regional del Senda agregó que "haremos todas las acciones correspondientes para evitar que se continúe vendiendo medicamentos de forma irregular. No sólo desde lo preventivo, sino que también aportando datos a las policías y derivándolos también al Ministerio Público, esto porque se trata de más focos y posibilidades que hoy tienen los más jóvenes de acceder a sustancias y en particular químicos que pueden ser muy nocivos. Y desde nuestro rol aportaremos al combate de este tipo de ventas", dijo.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Calama no aceptó la separación provisional de los 20 dirigentes sindicales de la división Chuquicamata, medida que fue solicitada el lunes pasado por la administración de Codelco, en el marco de la querella contra quienes resulten responsables de los supuestos sobreprecios de las pólizas de los seguros de vida de los trabajadores de los sindicatos 1, 2 y 3.

Sobre este punto, el documento del juzgado señala, en el primer otrosí, que "teniendo en consideración, la naturaleza de la medida de separación provisional, cual es de cautelar innovativa, que pretende adelantar el resultado del juicio, no existiendo suficientes antecedentes, y siendo una medida excepcional, no ha lugar a la separación provisional".

El juzgado, que sí admitió la demanda por desafuero laboral, estableció la audiencia preparatoria para las 10:00 horas del lunes 9 de marzo en la sala N°2 del tribunal. Procedimiento en el que las partes deberán señalar todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio.

Federación

El Consejo Directivo Nacional de la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc), emitió una declaración pública refiriéndose en cinco puntos a la querella interpuesta por Codelco. Como primer punto reafirmaron su posición en orden a que la probidad y transparencia deben regir las acciones y conductas de la empresa, sean trabajadores, dirigentes sindicales, ejecutivos o directores.

Al mismo tiempo, rechazaron los despidos de exdirigentes sindicales y las demandas de desafuero de quienes siguen en ejercicio, "criminalizando la acción y vulnerando el principio de inocencia", y expresaron su confianza en los planteamientos entregados por los sindicatos al respecto.

Como cuarto punto y en referencia a la huelga de hambre de los dirigentes, instaron a la administración de Codelco a generar las instancias concretas de diálogo con la dirigencia. Como último punto informaron que el 22 de enero el Consejo de la FTC se reunirá con el presidente ejecutivo de Codelco, a quien le solicitarán más antecedentes del conflicto.

Algo sorprendidos quedaron los usuarios que en los últimos dos días han debido efectuar algún trámite en las oficinas del Registro Civil e Identificación de Calama, tras la instalación de un cierre perimetral en las dependencias de ese servicio, y que se basa en la higiene y seguridad que han solicitado los propios trabajadores.

Las molestias y la preocupación de los funcionarios pasa porque desde hace tiempo que el lugar es ocupado por personas en situación de calle que lo utilizaban como refugio permanente y que además generaba algunos problemas con otros grupos de personas que se encuentran en la misma situación pero en el exhospital Carlos Cisternas.

Con fondos gestionados por los funcionarios del Registro Civil a través de sus dirigentes se logró la instalación de las rejas y como una forma de impedir que el recinto sea utilizado como baño público por quienes se han acostumbrado a quedarse allí durante el día y la noche.

Consultados algunos usuarios del servicio explicaron que "por una parte me parece bien, porque es muy penoso tener que ver a gente tirada en el suelo utilizando los accesos como refugio. Eso no corresponde y que hayan cercado el lugar en algo ayudará. Pero también es complejo que se tenga que llegar a esta medida para resguardar el sector", dijo Alonso Farías.

Marcela Urrutia, dueña de casa y que se encontraba en el Registro Civil comentó que "si es para mejor me parece muy bien, además no es muy grato ver a personas tiradas ahí en medio de un recinto donde viene mucha gente y que se encuentra con un panorama como este. Ojalá esas personas en situación de calle tengan apoyo y ayuda".

La instalación de rejas en el Registro Civil es una de las demandas que habían solicitado los trabajadores de ese servicio, además de otras mejoras al recinto.