Ignacio Araya

En un comunicado público emitido ayer, la Mesa Social de San Pedro de Atacama hizo un llamado a la comuna a izar banderas negras en las casas como señal de protesta ante lo que consideran un "absoluto abandono" de las autoridades con la comuna.

Entre los puntos que señala el documento, los representantes de la mesa dicen que es una "profunda falta de respeto" el afirmar que la situación de la comuna está controlada. "Las estadísticas oficiales no consideran los balances del Centro de Salud Familiar y la tasa de incidencia del Covid-19 se calcula en base a la población registrada en el Censo del año 2017 y no a la población actual, ya que muchos han optado por migrar y esta cifra ha variado considerablemente", señalan.

También, en el texto difundido agregan que la tasa de informalidad en el empleo ha imposibilitado a las familias acceder a beneficios estatales, "quedando abandonados a su suerte para poder alimentarse o cubrir gastos básicos". Asimismo, piden la habilitación de una residencia sanitaria en la comuna y señalaron que el municipio no ha informado el destino de las donaciones de la minería en ayuda de la comuna. "Vamos todos a poner una bandera negra en nuestras casas en repudio al abandono de las autoridades, porque San Pedro quiere hacer un cordón sanitario", dijo Ruby Saire, secretaria de la Cámara de Comercio de San Pedro de Atacama, parte de la Mesa Social que se compone por otras organizaciones como las juntas de vecinos, la asociación de regantes, el centro general de padres de la escuela E-26, entre otras entidades de la comuna.

Jocelyn Sorensen, administradora del hostal "La casa del sol naciente", opina a favor de expresar este malestar. "Es una forma de manifestarse y mostrar la molestia del pueblo a todo lo que está pasando... la cantidad de gente infectada, la cantidad de gente que está muriendo... y somos un pueblo chiquito", dice la sampedrina.

Durante los informes diarios, se han podido observar números distintos entre lo que señala el Gobierno y el conteo paralelo que se publica regularmente en el Facebook de la Municipalidad de San Pedro de Atacama.

Más exámenes y residencia

Ayer, el intendente Edgar Blanco dijo que la mayoría de los casos en la comuna están asociados a San Pedro de Atacama. "Por el estudio epidemiológico que se ha hecho, tiene relación con movimientos desde Calama hacia los pueblos del interior", señaló. Por ello, dijo, se están reforzando la cantidad de exámenes PCR que se toman en la comuna, y se está abriendo una residencia sanitaria, como medida para las personas que deben hacer su respectiva cuarentena, y evitar así un mayor número de contagios.

Asimismo, la autoridad regional señaló que tuvo una reunión el lunes a través del Consejo Regional con el Consejo de Pueblos Atacameños, quienes solicitaron cuarentena para la zona. Nuevamente, el intendente dijo que quienes decretan las cuarentenas son las autoridades sanitarias del nivel central, en función de la cantidad, casos, edades y otros factores que deben tomarse en consideración para tomar este tipo de medidas. "No somos la intendencia, ni el Jefe de Defensa de la Zona, quien determina una cuarentena", explicó al respecto el intendente Edgar Blanco.

114 casos fueron notificados ayer en la comuna por el gobierno regional.

En tanto, el alcalde Aliro Catur solicitó la semana pasada, aplicar una cuarentena en todos los poblados de la comuna para evitar el contagio del covid-19. La exalcaldesa y actual consejera regional, Sandra Berna, también la pide. "He tenido constantes reuniones y sé por lo que están pasando, porque por un lado está la paralización económica que afectó a todos y ahora el aumento considerable de casos. No sé qué necesita la autoridad que pase para decretar medidas más efectivas, como una cuarentena", dijo. Berna agregó que hay adultos mayores en la comuna que requieren un cuidado especial y no se pueden dejar en el desamparo. "No podemos hipotecar la salud de nuestras comunidades, sabiendo que no contamos con una red de salud que pueda sostener el aumento de contagios que se está experimentando".

El pasado 25 de junio Codelco informó que como una medida preventiva ante la compleja situación sanitaria que vive Calama, con más de 4 mil 300 contagiados, la división Chuquicamata determinó detener su fundición. Medida es de carácter transitoria que reduce la exposición en las áreas y refuerza los controles preventivos de seguridad y salud de las personas en la faena.

Decisión que tendrá un costo económico para la cuprífera estatal, según explicó el presidente ejecutivo de la Corporación, Octavio Araneda, "la detención implica un cambio de cartera, venderemos concentrado en vez de cátodos", lo que se traduce en "un mayor costo mensual de US$ 7 millones, lo que equivale a un 5% sobre el costo neto mensual de la división".

La medida, que favorece tanto a los trabajadores propios de Codelco como a los de sus empresas colaboradoras, reduce la densidad dotacional del área en cerca de 400 personas, "poniendo el foco en fortalecer y asegurar los procesos de la mina y la concentradora", informó la minera estatal.

Aclaración

Paralelamente a la detención de esta unidad productiva, ayer surgieron algunas versiones de prensa que aseguraban que un reciente accidente en el área daba cuenta que la Fundición no estaba detenida como se había informado. Al respecto, desde la cuprera comunicaron públicamente que el área "continuaría con actividades menores que tienen relación con mantenimientos preventivos y la reducción del scrap, área donde lamentablemente ocurrió un incidente el martes 1 de julio".

"Como actividades anexas a la Fundición, se encuentra funcionando la planta de oxígeno que abastecerá de este vital elemento al hospital anexo del Carlos Cisternas, el despacho y control de líneas y procesos asociados al ácido, y la recepción y traspaso de concentrado", complementó la minera.