Redacción - La Estrella de Antofagasta

Con tres condenados terminó un caso conocido el año pasado en Antofagasta, donde con motivo de la pandemia y sus restricciones se descubrió la obtención de permisos únicos colectivos obtenidos con datos falsos, además de su venta y uso.

Los hechos fueron investigados por el OS-9 de la Prefectura de Carabineros Antofagasta y la Fiscalía local, derivando en un juicio abreviado. En éste, el Juzgado de Garantía condenó a E.H.T.C. a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, 300 días de presidio menor en su grado medio y 300 días de presidio menor en su grado medio.

Loa anterior, como autor de los delitos consumados de uso malicioso de instrumento público falso reiterado (1.659 permisos únicos colectivos falsos), perjurio reiterado e infracción al artículo 318 de Código Penal, respectivamente.

También fue condenado a la inhabilitación absoluta y perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y suspensión de cargos y oficios públicos, mientras transcurra la condena. El sentenciado obtuvo la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, mientras trascurran sus condenas.

En tanto, J.P.F.P. y E.E.C. recibieron una pena cada uno de 541 días de presidio menor en su grado medio y 61 de presidio menor en su grado mínimo, como autores de los delitos consumados de uso malicioso de instrumento público falso e infracción al artículo 318 del Código Penal, respectivamente. Ambos recibieron la remisión condicional de la pena.

Hechos

Según la Fiscalía, el primer hecho ocurrió entre marzo y agosto, cuando E.H.T.C. solicitó en la Comisaría Virtual permisos únicos colectivos en favor de 1.659 personas (1.013 la primera vez y 646, la segunda). Para ello aparentó ser el representante legal de una empresa de ingeniería y los documentos los vendía por whatsapp, a entre 10 mil y 20 mil pesos cada uno.

Luego, entre abril y julio, J.P.F.P., compró en 20 mil pesos a E.H.T.C. al menos ocho salvoconductos de permisos únicos colectivos, que le permitieron trasladarse haciéndose pasar como trabajador de dicha compañía.

El tercer hecho ocurrió el 9 de julio, cuando E.E.C. fue fiscalizado por Carabineros en la Ruta 5 Norte, c y se trasladaba con el permiso único colectivo que había comprado a J.P.F.P. en $15.000.

Además, durante la fiscalización Carabineros obtuvo desde su celular otros tres permisos colectivos falsos obtenidos con fecha anterior por el sentenciado y en la que aparecía como representante legal el sentenciado E.H.T.C..

Con explosivos en su poder fue sorprendido un poblador, en medio de servicios preventivos que realizaban carabineros de la Primera Comisaría de Taltal.

Según informó la policía uniformada respecto al procedimiento, éste se gestó en horas de la tarde del lunes en Playa Atacama de esa comuna, cuando funcionarios policiales patrullaban por el sector norte.

Los uniformados decidieron fiscalizar a un joven transeúnte, sin embargo éste al verlos intentó escapar, encontrándose luego entre sus vestimentas dos velas de emulsión (explosivos).

Ello le valió ser detenido y trasladado por el personal policial hasta la unidad, para desarrollar el procedimiento de rigor.

Los antecedentes del hecho fueron informados al fiscal de turno del Ministerio Público, el que dispuso finalmente que el imputado, de 32 años y nacionalidad chilena, quedara apercibido.

El decomiso de más de 20 kilos de droga consiguieron detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado (BRIANCO) de la PDI en Calama, en un nuevo procedimiento que involucró el sistema de encomiendas.

Se trató de más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 8 kilos pasta base de cocaína, que quedaron al descubierto luego que el can antidrogas "Dexter" identificara uno de los paquetes como una alerta positiva. Ello luego fue corroborado por la prueba de campo realizada con autorización del Juzgado de Garantía , para abrir el paquete.

La droga estaba distribuidas en 11 contenedores de clorhidrato de cocaína de alta pureza y ocho de cocaína base, que tenían como destino Santiago. Según la institución, ello es fruto del constante trabajo con las empresas de dedicadas a la entrega y distribución de encomiendas.

Cinco capacitaciones a instituciones públicas de la región realizó el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales (Cavas) de la PDI.

En ellas se abordó la detección, pesquisa y denuncia de abuso sexual infantil con charlas dirigidas primero a profesionales del Servicio de Salud, lo que incluyó a profesionales de Residencias Sanitarias, de salas de estimulación temprana y a quienes prestan atención a niños, niñas y adolescentes con familias migrantes.

Luego se capacitó a más de 100 profesionales de JUNJI y apoderados, además de personal del Servicio Nacional de Menores (SENAME)

El plan se extendió por seis meses, abarcando a 350 trabajadores de distintos servicios, para detectar y apoyar a víctimas de esos hechos.