Ignacio Araya

Antes de ser electo constituyente por el distrito 28 (que agrupa a la región de Magallanes), la figura del abogado Mauricio Daza ya era conocida por los chilenos en los últimos años. Fue querellante en los bullados casos Corpesca, Penta, Cascadas o SQM, litigios que dejaron al descubierto, entre otros aspectos, el turbio financiamiento de la política nacional. Ahora, será uno de los 155 que escribirán la nueva Constitución y desde Punta Arenas, Daza plantea cómo el nuevo texto deberá incluir la descentralización entre sus bases fundamentales.

¿Qué garantías explícitas deben tener las regiones en esta nueva Constitución?

Lo primero tiene que ver con la forma en la cual va a funcionar la Convención. Y esto se define en el reglamento, yo he sostenido y he propuesto que la convención funcione en pleno a lo menos una vez en cada región del país, y los comités temáticos también puedan funcionar desplegados en nuestras regiones. Y esto es bien importante, no solamente por un tema simbólico de descentralización y desconcentración, sino también como una forma de permitir que muchas personas y organismos de la sociedad civil que no tienen la posibilidad de viajar a Santiago puedan reunirse con todas estas instancias. Es necesario un proceso participativo. El proceso constituyente no puede reducirse a que 155 personas elegidas en las urnas se encierren durante un año en un palacio en Santiago y después salgan con un texto el cual se le proponga a la ciudadanía aprobar. Eso sería, a mi juicio, un fracaso en términos de la legitimidad que requiere una carta fundamental. Lo que necesitamos es sacar la convención de Santiago y llevarla a regiones, más allá de las dificultades que se nos han planteado respecto de esta materia.

¿Pero cómo hacerlo sin gastar más plata?

Con respecto al gasto hay que considerar dos cosas. Lo primero es que a nosotros nos han asignado un presupuesto para funcionar como convención inferior al 10% del presupuesto que tiene la Cámara de Diputados para el año 2021, lo que lleva la cuenta de la importancia que en realidad se le ha dado al proceso constituyente por las fuerzas políticas tradicionales en nuestro país y que son aquellas que controlan finalmente las decisiones que se optan por parte del ejecutivo y el Congreso. Por otro lado, en ese contexto se ha asignado una suma inferior a los 700 mil dólares para participación ciudadana y difusión del trabajo de la Convención. Para ponerlo en contexto, es menos de lo que gana en un día Soquimich explotando propiedad fiscal en el Salar de Atacama. Es un monto realmente absurdo para la importancia que esto requiere. Independientemente de aquello, podemos lograr generar condiciones para cumplir el objetivo de que funcionemos tanto el pleno como los comités temáticos fuera de Santiago, en un proceso que sea interactivo y cercano a las personas en nuestras regiones. Y esto se logra a través de la vía de hacer reasignación presupuestaria a partir de las facultades que tenemos nosotros en la convención para disponer de los fondos que ya nos fueron asignados por la ley de presupuestos. Yo creo que tenemos que presionar también al Congreso y al Ejecutivo para que se nos asignen más recursos para este fin específico, no para otros, sino concretamente para lo que tiene que ver con participación ciudadana y difusión del trabajo de la convención, porque sin un proceso que sea absolutamente transparente y realmente participativo, insisto, este proceso constituyente no va a contar con la legitimidad que requiere.

¿Cómo profundizar la descentralización? ¿Usted es partidario de avanzar a un estado federal?

Creo que Chile no tiene las condiciones ni financieras, ni económicas, ni el desarrollo lo suficientemente armónico de todos sus territorios para avanzar en un modelo federal, pero hay modelos que dentro de un estado unitario generan altos grados de desconcentración y descentralización, que son los denominados estados regionales, como el caso de Italia, España, que son ejemplos que han tenido problemas, sin embargo también podemos aprender de esas experiencias. Acá lo que necesitamos es trasladar gran parte de las competencias que hoy se encuentran prácticamente monopolizadas por la figura del Presidente de la República, a los gobiernos locales y regionales. Tenemos que permitir que se puedan definir por parte de las comunidades, desde sus territorios, cuales son sus vocaciones de desarrollo. Y en ese ámbito, permitirle a su vez a los gobiernos locales y regionales, que implementen y diseñen previamente políticas públicas. Ahora, nada de esto va a ser una realidad concreta y eficaz si es que tampoco se entrega un financiamiento suficiente. Y en este sentido necesitamos generar un marco general de financiamiento para nuestras regiones pero con altas facultades, para poder utilizar de forma transparente estos recursos. Pero insisto, en primer lugar, definir las vocaciones de desarrollo de los territorios por parte de sus comunidades, y desde ahí, diseñar e implementar políticas públicas que tengan contacto con la realidad de cada una de estas comunidades.

El gobernador electo de Antofagasta mencionaba de que él era partidario de que la convención eliminara la figura del delegado presidencial. ¿Qué piensa ud sobre eso?

Absolutamente, hoy día la figura del gobernador regional es de carácter más bien simbólica. Hoy día el delegado presidencial es la máxima autoridad en términos de poder, de facultades de competencias en cada región. Y el gobernador tiene facultades más bien residuales, que además tiene que ejecutar con el control del Consejo Regional. Entonces, es una figura muy disminuida. Pero como un factor de descentralización, la verdad es que en términos reales no es mucho. Nosotros tenemos que cambiar esto en el proceso Constituyente, trasladando gran parte de las atribuciones que hoy tiene el Presidente a los gobiernos regionales y eso involucra también empoderar al gobernador, pero ojo, esto también estableciendo controles, que sean eficaces y esto también se da en un contexto de una mínima transparencia. Porque o si no vamos a tener pequeños feudos.

En el caso de las regiones extremas, ¿requieren que la nueva Constitución explicite términos sobre ellas, o basta con una ley especial?

No, esto tiene que estar establecido en la Constitución. Necesitamos generar un Estado de carácter regional, un Estado donde el poder se encuentre distribuido, que se puedan adoptar decisiones de verdad. Y la situación de las regiones extremas es más relevante aún, porque hemos sido mucho más relegados que el resto del país, las políticas públicas nos llegan de una forma bastante más desfasada y con menos contacto con la realidad. Eso lo hemos podido ver en el caso de las medidas del covid-19, se definen estas medidas estándares en todo el país: Decir por ejemplo que en Magallanes, en fase 2, podemos comer en la calle es realmente ridículo, porque la nieve, el frío y el viento lo hace absolutamente imposible. Pero esto puede ser una medida, por ejemplo, adecuada para la región de Tarapacá. Eso lo tenemos que arreglar en la Constitución. Es un desafío súper grande para quienes nos hemos comprometido con esa agenda. Yo tengo absolutamente claro de que si no lo logramos ahora, vamos a tener 50 años más de centralismo. Si no nos unimos todas las personas que representamos a las regiones, para colocarlo bien fuerte en la Constitución, la verdad es que el centralismo, que tiene un poder grande, incluso dentro de la lógica de la Constituyente, nos puede pasar la máquina.

"Lo que necesitamos es sacar la Convención de Santiago y llevarla a regiones"

Mauricio Daza