Leo Riquelme

Para el lunes fijó ayer el Ministerio Público la realización de la reconstitución de escena del homicidio de la subinspectora de la PDI Valeria Vivanco, quien murió baleada el 13 de junio en La Granja cuando participaba de unas diligencias. El caso se complicó esta semana cuando unos peritajes arrojaron que la joven de 25 años murió en circunstancias diferentes a las notificadas, la fiscalía apartó a la Policía de Investigaciones de la indagatoria, abrió ua causa por presunta obstrucción y la propia PDI suspendió a tres funcionarios que participaban del operativo hasta que se aclare lo ocurrido.

Yamilet Calabrano, madre de uno de los dos imputados por el hecho, aseguró que su hijo ni la persona que acompañaba mataron a Vivanco.

"Desde el día número uno que él dijo que desde el auto no salió bala. Ellos no andaban con pistola", dijo a Chilevisión. "Ellos dos pensaron que la podían haber atropellado, pero nada de bala. Cuando todos empezamos a ver que era de bala quedamos sorprendidos", agregó.

Los dos imputados tienen 19 y 17 años y fueron formalizados el 15 de junio, cuando se entregaron ante el revuelo causado por el crimen. En esa ocasión la fiscalía le imputó los delitos de por porte ilegal de arma y homicidio a una funcionaria policial.

En dicha audiencia se informó incluso un peritaje balístico que aseguraba que el arma usada fue la misma que habría participado en un crimen cometido días antes en Puente Alto.

El miércoles el Ministerio Público anunció la salida de la Brigada de Homicidios del caso y puso en su lugar al Laboratorio de Carabineros, que encabezará la reconstitución de escena del lunes.

"Mi hijo no la mató, que paguen los que tengan que pagar. Mi corazón lo tengo destrozado ¿Por qué tenían que echarle la culpa a ellos dos?", se preguntó Calabrano.

El padre de la subinspectora, Miguel Vivanco, dijo a Mega que no hablará hasta la reconstitución del lunes. Sin embargo, añadió: "Nosotros tenemos clarísimo todo, súper claro, y por eso queremos hablar como corresponde".

La tercera sala de la Corte Suprema condenó ayer al Estado a pagar una indemnización de mil millones de pesos a los cuatro hijos del matrimonio de Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González, fallecidos en un ataque incendiario el 3 de enero de 2013 una casa patronal de Vilcún, en La Araucanía.

Según los ministros, las policías incurrieron en falta de servicio al no adoptar medidas de seguridad que evitaran hechos delictuales en contra del fundo, pese a que habían amenazas.

El fallo recuerda que el ese 3 de enero se conmemoraba la fecha de muerte del comunero Matías Catrileo Quezada en un fundo que era propiedad de un primo de Luchsinger. La sentencia agrega que el hecho generaba tensión en el sector y por lo mismo el gobierno dispuso un reforzamiento de la seguridad en los alrededores.

"En esas particulares circunstancias, le era exigible a las Fuerzas de Orden y Seguridad, para ese día, respecto de los Luchinger Mackay, la obligación de considerar el inmueble de éstos como un punto al cual se debía resguardar", agrega el texto.

Ante ello, precisó que cada uno de los cuatro hijos del matrimonio deberá recibir 250 millones de pesos por concepto de daño moral. Con su decisión, el máximo tribunal revirtió la determinación que había adoptado en 2018 un tribunal civil y en 2020 la Corte de Apelaciones de Temuco, que había rechazado la demanda.

Cuatro inmuebles que servían como cités en Estación Central fueron destruidos ayer en el sector de Matucana, a metros de la Alameda, donde quedaron 57 personas damnificadas, la mayoría inmigrantes, según informó Carabineros. Las viviendas carecían de cortafuegos, por lo que un centenar de bomberos con 22 carros llegaron a evitar que las llamas siguieran su avance. La tragedia dejó a sus ocupantes con lo puesto y a muchos de ellos sin documentación, por lo que fueron llevado a la parroquia Santa Cruz, que oficiará de albergue. Se sospecha que el origen del siniestro fue una falla eléctrica, por lo que el municipio llamó a la Superintendencia de Electricidad y Combustible a fiscalizar la zona.

El Senado aprobó y dejó lista para su promulgación como ley un proyecto que obligará a las instituciones de educación superior a prevenir, investigar y sancionar los casos de acoso sexual, violencia y discriminación de género que puedan ocurrir en ese contexto. La ley define como acoso sexual como cualquier acción o conducta de naturaleza o connotación sexual, sea verbal, no verbal, física, presencial, virtual o telemática, no deseada o no consentida por la persona que la recibe, que atente contra su dignidad, integridad física, sexual, psíquica, emocional, o que cree un entorno hostil que pueda amenazar en sus oportunidades. Quienes las incumplan no podrán obtener la acreditación institucional.