Redacción - La Estrella

El número de personas fallecidas en el terremoto de magnitud 7,2 que golpeó a Haití el sábado, aumentó a 724, informaron ayer las autoridades locales, actualizando al alza el saldo previo de 304 víctimas de la catástrofe.

Según los datos, 500 personas perdieron la vida en el sur, 100 en Grand Anse, 122 en Nippes y 2 en el Noreste. Asimismo, el Servicio de Protección Civil informó que más de 2.800 personas resultaron heridas a raíz del fenómeno que tuvo su epicentro a unos 160 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital del país caribeño.

Terremoto

El terremoto, que ya forma parte los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, también se sintió en la República Dominicana y Cuba.

El fuerte sismo arrasó cientos de hogares en la empobrecida nación, que todavía se está recuperando del terremoto que lo afectó hace 11 años y se encuentra sin jefe de Estado desde el asesinato de su Presidente Jovenel Moise, en julio pasado.

El suroeste de Haití fue el más afectado, sobre todo la región de la ciudad de Les Cayes y sus alrededores.

Iglesias, hoteles, hospitales y colegios quedaron gravemente dañados o destruidos, mientras que los muros de una prisión se resquebrajaron por los violentos movimientos sísmicos que convulsionaron Haití.

"Necesitamos mostrar mucha solidaridad con la emergencia", dijo el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry.

Ayuda humanitaria

Ante esta emergencia ocurrida el sábado, el gobierno chileno comprometió el envío de ayuda humanitaria a al país afectado de Haití.

Así lo informó el canciller Andrés Allamand: "Con motivo del terremoto en Haití, me he contactado personalmente con el embajador para saber sobre posibles víctimas chilenas. Hasta ahora no tenemos antecedentes en esa materia", sostuvo.

De la misma forma, la autoridad agregó que en su comunicación con el embajador le ofreció "toda la ayuda a dicho país".

En detalle Allamand explicó que "el Presidente Piñera me ha instruido que pongamos a disposición de Haití nuestros materiales e instrumentos humanos, como por ejemplo la patrulla de rescates de Bomberos de Chile".

En su cuenta de Twitter el canciller Andrés Allamand complementó que "el Gobierno de Chile está preparado para asistir de manera rápida esta emergencia y colaborar con el pueblo haitiano en el proceso de reconstrucción".

"Ha sido una semana dura para la PDI, pero la vamos a enfrentar, como siempre, con mucha transparencia y dando la cara a la ciudadanía". Así explica el nuevo director general de la policía civil, Sergio Muñoz, los últimos días vividos en la institución.

Sobre todo por el caso de la muerte de la subinspectora Valeria Vivanco, donde se estableció que la bala salió de un arma institucional. "Soy enfático en decir que aquí no hay ninguna confabulación ni ningún montaje respecto de este procedimiento (...) Creo que todavía le faltan elementos para confirmar que él es el autor de un delito. Se habla de que los dos imputados poco menos que quedaron exculpados de esta situación y no es así, ellos están siendo investigados por un homicidio ocurrido un día antes".

También se refirió a la querella contra su antecesor, Héctor Espinosa, que incrementó en los últimos días los cuestionamientos a la PDI. Dijo que "la considero como parte de la responsabilidad que debo asumir. Yo represento a 13.014 funcionarios y quiero que ellos tengan la tranquilidad y convicción de que tienen un director general que va a dar la cara".

Los senadores Guido Girardi, Ximena Órdenes, Rabindranath Quinteros y Adriana Muñoz; Rubén Araya, científico y decano de la Universidad de Antofagasta; Liesbeth van der Meer, presidenta de Oceana Chile; Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable; Nancy Duman y Óscar Avilez, representantes de la Alianza de Humboldt, anunciaron que presentarán un recurso de protección contra el proyecto Dominga; pedirán que se declare esa zona como Área Marina Protegida y llaman a la comunidad a estar atenta para impedir que se produzca este "ecocidio".

Para Sara Larraín, presidenta de Chile Sustentable, "estamos ante una insistencia -sin ningún cambio sustancial del proyecto- de parte de un grupo económico que encabeza (Carlos Alberto) Délano -cercano al Presidente- y que está acusado de presionar e influir en la política por medio de financiamiento ilegal. La empresa ha intervenido el territorio mediante prebendas, cooptando y manipulando la institucionalidad ambiental".

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto la semana pasada.