Fiscalía recibió informe de Contraloría sobre gestiones de funcionarios BB.NN. para ofrecer terrenos en Calama
Fiscalizadores de la CGR entrevistaron a agricultores de Calama: cuatro afirmaron que funcionarios de Bienes Nacionales ofrecieron gestionar terrenos a cambio de inscribirse en un partido político y una apuntó directamente a ex subsecretaria Alejandra Bravo, quien renunció en 2019 tras estallar el escándalo. Eso sí, ninguno se inscribió en "Nueva Clase Media" y nadie de la asociación terminó recibiendo terrenos.
La Contraloría General de la República emitió un informe final que concluye la indagación que se hizo en torno a la gestión de la Seremi de Bienes Nacionales de Antofagasta en 2019, tras revelarse que funcionarios habrían ofrecido terrenos en El Loa para que militaran en el partido en formación "Nueva Clase Media", del cual formaba parte la entonces subsecretaria Alejandra Bravo. La situación, investigada por radio Biobío y la diputada Marcela Hernando, gatilló la renuncia de Bravo.
Dentro de los resultados de la investigación, se indagó que hubo funcionarios de la cartera que les prometieron acciones para obtener terrenos fiscales a asociados de la agrupación "Atardecer Campesino Loa" de Calama. En junio de 2019, 53 personas de esa agrupación solicitaron un arriendo de terrenos. Cuatro entrevistados señalaron a Contraloría que esas gestiones serían a cambio de pertenecer a NCM. Una de ellas dijo que fue la ex subsecretaria Bravo a través de representantes, quien hizo el ofrecimiento en una reunión. Finalmente, ninguno se inscribió al partido, y a ninguna persona de esa agrupación le entregaron algún terreno.
Dentro de las conclusiones Contraloría emitió una copia a la Fiscalía Local de Antofagasta (ya la recibieron) "para su conocimiento y los fines que en derecho correspondan".
A la Seremi local le llegó su "tirón de orejas", al señalar la CGR que hubo una falta de fiscalización a las ocupaciones ilegales de terrenos en la región, "lo que implicó que no advirtiera eventuales pagos irregulares entre particulares respecto de los bienes bajo su administración". Dentro de las acciones que se pidió a la Seremi, es que en 60 días tengan un sistema de información para el registro de las ocupaciones ilegales e irregulares, además de un procedimiento que regule la materia.
La Contraloría recordó que la ley 18.575, en su artículo 19, especifica que el personal que trabaja en la administración estatal está impedido de hacer cualquier actividad política dentro de la misma, y que el hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo, implica una falta a la probidad administrativa.
Exsubsecretaria
Este diario llamó a la ex subsecretaria Bravo para conocer su visión sobre el tema. Sin embargo, no contestó ni teléfonos ni Whatsapp. En su Twitter no negó lo indagado por la Contraloría, sino que destacó que no se otorgaron sitios. "Si leen el informe (…) se darán cuenta que el mismo informe, señala expresamente que no se entregó ningún terreno. Y las 3 personas que declararon (de 53) no fueron inscritas en ese partido. Es malicioso decir que se ha 'acreditado'", expresó.
Además, cinco personas declararon haber efectuado pagos al ex presidente de la agrupación "Nuevo Amanecer, un camino al Oasis", Roberto Vásquez por terrenos en el sector norponiente de Calama, en montos que suman $8.700.000. Vásquez falleció en enero de este año. La CGR preguntó a los funcionarios de Bienes Nacionales y a la entonces seremi Tamara Aguilera si conocían esta situación de ventas ilegales de terrenos, y todos dijeron que no tenían conocimiento del problema.
En tanto, la diputada Marcela Hernando dijo que en este caso "hubo un acto delincuencial, que nos muestra la peor cara de la política, cuando se utiliza para beneficios propios", señaló. "Lamento que Contraloría demore tanto algunas investigaciones, lo que hace que algunos plazos prescriban, quedando los funcionarios sin sanción". El senador Pedro Araya, en tanto, valoró el dictamen. "Esta situación era inaceptable y hoy la Contraloría ha ratificado la veracidad de estas denuncias".
53 personas de "Atardecer Campesino Loa" de Calama solicitaron arriendo en 2019. A ninguno les fue otorgado.