Redacción - la Estrella del Loa

Por unanimidad, los integrantes del Concejo Municipal de Calama, aprobaron enviar una solicitud para decretar emergencia regional debido a la actual crisis migratoria. Dicha petición se realizará a través de una carta dirigida al gobernador regional, Ricardo Díaz y también, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, documento que debiera enviarse durante estos días.

Al respecto, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro explicó que un decreto de estas características, "implica en otras palabras que los procedimientos administrativos, los protocolos tengan ciertas garantías de acción, mucho más rápidas es decir, que uno le da facultades a ciertos organismos, al gobierno regional en poder agilizar algunos procedimientos dentro del marco de la legalidad", dijo.

Medidas

El edil loíno manifestó que este decreto debe estar acompañado de un plan de acción preventivo y mencionó cuatro aspectos que deberían estar considerados en ello. En primer lugar, dijo que actualmente se están destinando recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para financiar un plan de contingencia humanitaria en la región.

"Yo creo que eso no puede ser, en la Región de Arica y Parinacota se decretó emergencia regional y fueron recursos sectoriales desde Santiago, desde el ministerio del Interior, aquí tiene que ser exactamente lo mismo si no vamos a llegar a una situación poco controlada, si es que ya no está de alguna manera, en cierta forma desbordada".

Como segundo aspecto señaló que se deben reactivar los recursos para realizar test preventivos covid, pues en estos momentos ya no se están destinando fondos sectoriales para ello y que se están sosteniendo con fondos municipales. "Tenemos que solicitar que se reactiven estos recursos porque la situación migratoria de nuestros hermanos y hermanas más allá que estén en forma estacional", manifestó Eliecer Chamorro.

En tercer lugar, dijo que se debería implementar un transporte humanitario como ya se está haciendo en la Región de Arica y Parinacota y, como cuarta medida, expresó que se deben solicitar mayores coordinaciones, "con aquellos que tienen que liderar este proceso".

Por último, recalcó que, "yo creo que, si no generamos este plan de acción de forma inmediata, van haber dificultades van a haber problemas y tenemos que estar un poquito preparado".

Apoyo

El concejal Cristián Flores señaló que se deben adoptar medidas en el tema migratorio y no estar como espectadores por lo que pidió ver la factibilidad de habilitar algún albergue transitorio en la ciudad. "Yo sé que hay espacios de poder tener un albergue para los migrantes, sería muy bueno paliar en alguna medida lo que está pasando", dijo.

En tanto, el concejal Ricardo Campusano recordó la labor que realizan las diversas instituciones para ir en ayuda de la población migrante. "Pero yo me pregunto y en base a la solicitud que hace el colega dónde está el Estado, dónde está la responsabilidad del Estado en esta situación porque la verdad todos tratan de hacer lo que pueden, pero es el Estado quien tiene que hacerse responsable de esta situación, o sea si nosotros vamos disponer de un albergue tiene que ser con recursos del Estado y con toda la capacidad del gobierno respondiendo a esta emergencia".

Por su parte, el concejal Claudio Maldonado señaló que, "por mi tema laboral (Unidad de Pasos Fronterizos) puedo informar a este concejo que Calama estructuralmente no es una zona de conflicto para la gran masa de ciudadanos inmigrantes como la que tiene Colchane y la ruta Huara Iquique, Tocopilla, María Elena y Antofagasta que esa es la ruta que está con complejidad y que está sobrepasada producto de la gran cantidad de migrantes".

Dijo que los ingresos ocurridos en los pasos fronterizos de la provincia como Ollagüe o Hito Cajón, "se da única y exclusivamente con ciudadanos inmigrantes bolivianos que van y vuelven, retornan o salen por temas laborales y por temas de que no han respetado el tema que las fronteras están cerradas con Bolivia y le es más fácil ese ingreso y egreso por Hito Cajón".

Además señaló que, en el caso de Ollagûe, "donde sí han habido ingresos en las últimas semanas, tenemos un ingreso registrado constatado de 63 personas en un lapso cercano a las tres semanas ,en el cual hubo una cantidad cercana a los 13 menores de edad" y agregó que, "ustedes se dan cuenta que esa cifra es infinitamente inferior a la problemática que tenemos en la comuna de Colchane".

No obstante ello, Maldonado votó a favor de solicitar un decreto de emergencia regional.

Al respecto, el concejal Luis Villaseca comentó que si bien se puede pensar que en la comuna la situación podría estar controlada y que no está al nivel de lo que sucede en Iquique o Colchane, "para variar vamos a llegar atrasados, vamos a llegar tarde como siempre, siempre el Estado llega tarde, siempre el Estado llega sin recursos, siempre el Estado se pone a la fila para dar las soluciones entonces, si queremos seguir aplicando esa lógica, efectivamente creamos ingenuamente que la cosa está controlada lo cual por lo demás es una falacia, porque se dice que la situación está controlada y está controlada por quién, la única razón por la que la situación parece estar controlada son distancias".

Dideco

Durante la sesión del concejo municipal, Irene Alfaro directora de la Dirección de Desarrollo Social (Dideco) del municipio de Calama detalló algunas de las acciones que se están llevando a cabo en materia de ayuda humanitaria a los migrantes.

"Hemos estado en reuniones con la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), ellos incluso han tenido reuniones con nosotros en el municipio, estamos haciendo las coordinaciones para poder entregarle ayuda humanitaria a los migrantes, específicamente a venezolanos que es el grupo que ellos están atendiendo con prioridad, y estamos haciendo gestiones porque ellos entregan apoyos para arriendos por tiempos muy cortos de duración, pero que son fundamentales para que ellos puedan pasar sus cuarentenas incluso trasladarse a otras zonas del país".

Añadió que también están preocupados por la situación de los niños y niñas migrantes y por lo tanto han sostenido reuniones con el Tribunal de Familia y la Oficina de Protección de Derechos (OPD).