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Dominga: Fiscalía investigará por cohecho al Presidente Piñera

Indicó que indagatoria de 2017 no se enfocó ni sobreseyó venta de minera. "Son acusaciones injustas", dijo el mandatario.
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Leo Riquelme

La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público estableció que en la compraventa de su participación en la Minera Dominga, que concretó el Presidente Sebastián Piñera con su amigo Carlos Délano en un paraíso fiscal en 2010, podrían haber irregularidades, por lo que la Fiscalía Nacional dispuso de oficio la apertura de una investigación penal por el eventual delito de cohecho.

El mandatario salió a responder la decisión. Insistió que el hecho fue investigado y sobreseído en 2017, cuando, según él, "se descartó la existencia de cualquier delito" en la operación. "No compartimos la decisión de iniciar una investigación", dijo Piñera, quien agregó que "estas injustas acusaciones no son solo muy dolorosas para mi persona, sino que sobre todo para mi familia y para quienes participan de este Gobierno".

Ayer, sin embargo, la directora de esta Unidad Anticorrupción, Marta Herrera, aclaró que la revisión de los antecedentes arrojó que en esa ocasión el fiscal Manuel Guerra indagó y sobreseyó el negocio con la pesquera peruana Exalmar y las posibles gestiones del Presidente para trabar la instalación de la termoeléctrica Barrancones en beneficio de Dominga, pero no la compraventa como tal de esta última, que fue detallada el fin de semana.

"Dominga no constituyó una línea investigativa", dijo Herrera.

De acuerdo a la a la investigación periodística internacional llamada Pandora Papers, que en el caso chileno realizaron los sitios Ciper y LaBot, el acuerdo entre la familia de Piñera y Délano incluyó una cláusula que establecía que el negocio se pagaría sólo si la zona de instalación del proyecto minero portuario no era sometida a protección ambiental.

Piñera el lunes dijo que él nunca supo de la operación porque sus negocios ya estaban a cargo de un fideicomiso ciego, que estaba a cargo de sus hijos.

Herrera aclaró que en la investigación de 2017 no se incorporó el contrato definitivo entre las partes, sino que sólo se ingresó el preacuerdo. Y si bien reconoció que ambos eran similares, la fecha de pago sólo está en el final.

La funcionaria explicó que la indagatoria será por cohecho debido a la posibilidad de que se hayan infringido los deberes del cargo de Presidente, pues su investidura le daría facultades en materia ambiental, que se deben estudiar.

Ayer Piñera insistió en que no ha hecho "gestión alguna" como mandatario en relación a Minera Dominga, que espera construir un puerto en La Higuera, actualmente en tramitación.

La indagatoria quedó a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien, según Herrera, deberá investigar si hubo el pago de coimas en favor de funcionarios o de sobornos, en el caso del privado, que en este caso es Carlos Délano. La fiscal Perivancich indicó que la próxima semana realizarán las primeras diligencias.

"Tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera", retrucó La Moneda en un comunicado.

Nobel de la Paz reconoce la libertad de expresión y premia a periodistas

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El Nobel de la Paz reconoció, por primera vez en su historia, la libertad de expresión e información con un premio a dos periodistas, la filipina Maria Ressa y el ruso Dmitri Muratov.

A ellos se les reconoció "sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, condición previa para la democracia y la paz duradera", señaló el Comité Nobel, que elogió su lucha "valiente" y advirtió de las "crecientes circunstancias adversas" que afrentan la democracia y la libertad de prensa en el mundo.

Destacan además la necesidad de un periodismo "libre, independiente y basado en hechos" que sirva para proteger derechos fundamentales contra "el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra".

Los galardonados figuraban desde hace años en la lista de aspirantes al Nobel, cuyas quinielas apuntaban esta vez a un premio a la libertad de prensa, aunque aparecían como candidatos mejor situados organizaciones como Reporteros sin Fronteras (RSF) y el Comité para la protección de periodistas (CPJ).

Según el fallo a Ressa se le reconoce porque a través de Rappler, el medio digital que cofundó en 2012 y dirige, expuso "el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo" en Filipinas, con especial atención a la polémica campaña contra las drogas.

En el caso de Muratov se le reconoce la apuesta por un periodismo basado en hechos y tratar temas como la corrupción, la violencia policial, los arrestos ilegales y el fraude electoral.