Leo Riquelme

La Contraloría concluyó que el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, no guardó "la necesaria prescindencia" electoral al indicar que sería una especie de coordinador de las propuestas que realizaran los partidos oficialistas para reformar la nueva Constitución, si es que ganaba el Apruebo en el plebiscito.

El documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez reconoce que lo indicado "se enmarca en las funciones propias del Ministerio Segpres", que es ser una "cartera asesora, coordinadora y planificadora de decisiones políticas". Sin embargo, considera que "la manera y la oportunidad en que el ministro efectuó la aludida comunicación (...) no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que deberá tener presente las consideraciones expuestas en el ejercicio de sus funciones".

La denuncia la hicieron los diputados DC Joanna Pérez y Eric Aedo. Este último valoró la determinación, que se entiende como un mero reproche, pues no apareja sanción.

"Aquí se ha impuesto el principio de realidad, el Gobierno (...) ha actuado con intervencionismo solo en favor de una opción del plebiscito (...) La Contraloría nos ha dado la razón: se hacía intervencionismo desde La Moneda", comentó,

Parlamentarios de derecha pidieron la renuncia de Jackson, lo que la vocera Camila Vallejo descartó. "Llamamos a partidarios del Rechazo a ponerse de acuerdo (...) para también dar certidumbre sobre el camino a seguir", dijo.

Antes de que Contraloría se pronunciara, el Presidente Gabriel Boric refrendó en La Moneda su compromiso de impulsar las reformas acordadas el jueves por el oficialismo a la propuesta de Constitución si vence el Apruebo.

"Yo garantizo que, como Gobierno, vamos a empujar lo que los partidos que forman parte de nuestra coalición han acordado, doy plena garantía", dijo. "Como Presidente insté a que los partidos dieran certeza (...) En caso contrario, el Rechazo, siendo ambas opciones legítimas, es un camino mucho más incierto porque vamos a tener -como ya señalé anteriormente- que ir por un nuevo proceso constitucional, porque el pueblo de Chile ya se pronunció al respecto: Chile quiere una nueva Constitución escrita por un órgano electo para esa materia". añadió.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, defendió el freno que aplicó el jueves a la aplicación del estado de excepción en la Región de Los Ríos, y que el propio Gobierno había adelantado que planeaba.

La autoridad indicó que esa zona concentra el 5% de los hechos de violencia rural cometidos en la Macrozona Sur en el año, por lo que a juicio resultaba más idóneo reforzar el patrullaje policial, en lugar de sumar a los militares como pedían parlamentarios y autoridades de la región, quienes fustigaron el revés.

"Cada hecho de violencia nos importa, nos duele y entendemos que tenemos que hacer el mayor esfuerzo para prevenirlo, para controlarlo y para perseguir, pero el 94% de los hechos de violencia rural se producen en los territorios donde hoy día está decretado el estado de excepción y no se producen ahí por casualidad, se producen porque las organizaciones que ejecutan estos hechos de violencia tienen sus capacidades operativas puestas en esos territorios", dijo a radio Cooperativa.

El Presidente Gabriel Boric defendió la determinación acordada en la reunión con la ministra del Interior, Izkia Siches, Monsalve y el alto mando policial y de las Fuerzas Armadas. "El rol de los militares no es el de garantizar el orden público y se les pide colaboración en circunstancias específicas. Lo que nosotros decidimos y conversamos con diferentes autoridades en la región es reforzar la seguridad en los Ríos", reiteró.

La cúpula del Museo de Bellos Artes de la capital, que es monumento nacional desde 1976, sufrió la vandalización de una de sus cúpulas, que fue rayada con grafitis por desconocidos.

El hecho se viralizó ayer a través de la popular cuenta de Instagram "Santiago Adicto", que posteó una imagen en que aparecen dos personas posando junto al rayado hecho sobre el edificio ubicado en el Parque Forestal.

A través de un comunicado, el museo indicó que el hecho ocurrió cerca de las 17.30 horas del jueves y precisó que el daño afectó al tejado de la techumbre del costado suroriente del inmueble céntrico.

"Es un hecho condenable y sin duda requiere ser investigado para que se establezcan las sanciones a los responsables", tuiteó la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la antropóloga Julieta Brodsky.

El museo informó que inició una investigación y entregará los antecedentes a las Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural de la PDI. Vandalizar un monumento es un delito penado con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 200 UTM, es decir, entre $2.9 millones y $11,7 millones. El Servicio Nacional de Patrimonio dijo que apoyará las gestiones persecutorias y para reparar el daño.

Además, el museo indicó que tomó medidas para reforzar puntos vulnerables del edificio.