Diego Gotelli C.

Con molestia reaccionó el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, al enterarse que la mayoría de personas que fueron detenidas por los actos vandálicos que cometieron en la comuna capitalina el martes, cuando se registraron destrozos y saqueos a locales en medio de la tercera conmemoración del inicio del estallido social, quedaron en libertad.

Según informó la Fiscalía Metropolitana Sur, 54 personas serían formalizadas por los hechos registrados en Puente Alto, principalmente por el robo a negocios. Sin embargo, el miércoles por la tarde señalaron que 17 de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras al resto se le dictaron otras medidas cautelares menos gravosas mientras continúa la investigación.

"Me alarma que más de la mitad de las personas que fueron detenidas por los saqueos, y que fueron pescados in fraganti, hayan sido dejados en libertad", repudió el alcalde en radio Cooperativa.

En la víspera la autoridad había advertido que "probablemente" los detenidos fueran dejados libres aludiendo a "la puerta giratoria", y ayer atribuyó la decisión de los tribunales a "un problema base con el sistema garantista".

En la jornada el Presidente Gabriel Boric reafirmó la postura entregada por el Ejecutivo de perserguir a quienes ataquen locales en contexto de manifestaciones.

"Es absolutamente inaceptable. El saqueo no es protesta, eso no es reivindicación social. Los saqueos son delincuencia pura y dura y no la vamos a tolerar", señaló el mandatario, junto con volver a manifestar su respaldo al actuar de Carabineros.

Desde la institución policial su general director, Ricardo Yañez, respondió a los cuestionamientos del excandidato presidencial Daniel Jadue, quien el martes denunció "represión" contra manifestantes en Plaza Italia, asegurando que se usaron "las mismas prácticas" que en el gobierno de Sebastiá Piñera.

"Hemos establecido nuevos métodos de trabajo, nuevas tácticas operativas para disminuir la posibilidad de que las personas resulten de alguna forma afectadas", afirmó Yáñez, quien contó que ese trabajo se ha hecho junto a la policía de Alemania.

Minutos de tensión se vivieron ayer en el Encuentro Nacional de la Pequeña Empresa cuando un asistente interrumpió a gritos el discurso del Presidente Gabriel Boric, quien le respondió también alzando la voz.

La cita incluyó el canto del himno de Carabineros, que los asistentes tenían escrito en un papel; y el impasse con el mandatario ocurrió luego de la alocución del presidente de Conapyme, Rafael Cumsille, quien consultó a los presentes si estaban más preocupados "de la Constitución o la delincuencia" e invitó a que todos los que respondieran la segunda opción se pusieran de pie, generando que gran parte de la audiencia se levantara entre vítores.

A su turno Boric abordó algunos temas mencionados por Cumsille y llamó al diálogo y a "ser capaces de escuchar a quien piensa distinto".

"Nosotros no venimos con una idea de imponer a toda costa sin importar qué sea lo que pasa", estaba diciendo el gobernante cuando fue interrumpido por un asistente, quien le gritó: "¡¿Y tú Constitución?!".

"Bueno, la Constitución se rechazó pues, al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto de Chile", respondió Boric entre aplausos. Ante la insistencia en los gritos del hombre, el Presidente elevó el tono de su voz repitiendo cuatro veces: "Le exijo respeto".

"El pueblo de Chile decidió, por una amplia mayoría, tener una nueva Constitución. Así es, y el pueblo de Chile, aunque al señor le moleste, rechazó el proyecto que le propuso la Convención, pero el mandato de una nueva Constitución sigue vigente", añadió Boric entre más aplausos. Luego afirmó que se están encargando de la seguridad, para lo cual puso como ejemplo el alza que propuso el Ejecutivo para Carabineros en el Presupuesto 2023, ítem que, aseguró, no creció en los últimos cuatro años.

Al concluir la ceremonia el hombre que lo confrontó explicó en canal 24H que su crítica apuntaba al diálogo por abrir un nuevo proceso constituyente, cuando a su juicio eso quedó descartado con el triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida. "Somos ocho millones de personas que le decimos que no queremos otra Constitución", señaló.

A la salida otros dos asistentes confrontaron con los mismos argumentos al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien lidera las tratativas entre partidos para reactivar el proceso.

"Ustedes están a espaldas de Chile tratando de hacer una nueva Constitución y Chile no lo quiere", le manifestó uno de ellos.

El PPD dijo compartir el "sentido de urgencia" de las preocupaciones ciudadanas de seguridad y economía".

Dos meses más es el plazo que se impuso el Gobierno para sellar las negociaciones internacionales que lidera, antes de depositar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP11), que ya fue aprobado por el Congreso.

La canciller Antonia Urrejola dijo ayer que están "poniendo toda la prioridad y la urgencia" para lograr el "máximo posible" de las llamadas "side letters", que son las cartas laterales que buscan pactar con países del tratado para dejar sin efecto mecanismos de solución de controversias que inquietan al Ejecutivo.

La Moneda había anticipado que esperaría el avance de estas cartas antes de depositar el tratado, lo que ha sido criticado por la oposición y parte del oficialismo, que lo consideran una maniobra para dilatar su entrada en vigencia.

"Ese no es el objetivo", dijo la canciller en radio Oasis, anunciando que con el Presidente Gabriel Boric acordaron ponerse un lapso máximo para acordar las side letters ante tales "resquemores".

Dicho plazo será hasta fin de este año, según precisó la ministra, tiempo en el que dijo asistirán autoridades a foros donde compartirán con varios países miembros del TPP11 en los que esperan avanzar en las tratativas.

La semana pasada el Mandatario afirmó que Chile ya había logrado acuerdos con México y Nueva Zelanda, mientras que con Perú se estaba "bien avanzado", y con Australia y Vietnam ya habían sostenido "conversaciones interesantes".

En paralelo, un grupo de parlamentarios anunció que acudirá al Tribunal Constitucional por supuestas infracciones en la tramitación del tratado, aunque el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dijo que estaban fuera de plazo para hacerlo.