Redacción - La Estrella del Loa

Un total de 13 personas -12 hombres y una mujer- fueron detenidos por la sección OS7 de Carabineros de El Loa, al ser sorprendidos ingresando al país con más de 300 kilos de marihuana, en un procedimiento efectuado en un sector cordillerano cercano a la ruta internacional 27CH.

Sobre este procedimiento antidrogas, el fiscal jefe del Ministerio Público de Calama, Cristian Aliaga, comentó que "fue a través de un control y también de monitoreo del OS7 de Carabineros, en que se detectó a estas 13 personas, todos adultos, de nacionalidad boliviana, y que ingresaron de forma irregular al país, portando cada uno paquetes con más de 20 kilos de droga".

El persecutor agregó que "este procedimiento es trabajo de la fiscalización y la presencia policial que se efectúa en la primera línea de acción al combate al narcotráfico, y que permitió la detención de estas 13 personas que pretendían ingresar una cantidad superior a los 300 kilos de drogas al país, lo que finalmente se traduce en que esta no pudo ingresar y ser comercializada y distribuida en territorio nacional, gracias a estas detenciones del OS7 de Carabineros".

Hechos

En este procedimiento llamó la atención de los efectivos del OS7, el que nuevamente fueran detectado estos correos humanos que transportan droga hacia el país, situación que se había dejado de detectar ante otras modalidades de tráfico de drogas.

"Previo a la pandemia, esta era una situación recurrente para las policías, y que se había dejado de usar, pero que gracias a este permitió retirar la droga y detener a los responsables de su ingreso por un paso no habilitado", agregó el fiscal Cristian Aliaga.

Esta acción policial se enmarcan en una de las que más detenidos dejó en un solo procedimiento antidrogas, superado sólo por los 19 que fueron aprehendidos en el año 2017, en una labor conjunta de las fiscalías de Calama y de la Región de Valparaíso, y que dejó 19 detenidos tras una investigación de la PDI que logró determinar el ingreso de drogas por la zona, y que luego eran derivadas a la zona centro del país.

Prisión preventiva

De acuerdo a lo informado por el fiscal jefe de Calama, la totalidad de los ciudadanos bolivianos pasaron a control detención en el Juzgado de Garantía, el cual determinó un plazo para la investigación de 80 días, y la prisión preventiva para los detenidos por el OS7 de Carabineros.

El fiscal Aliaga también comentó que "los detenidos fueron formalizados por infracción a la Ley 20.000 de Drogas, y que establece como delito el tráfico de sustancias ilícitas, el ingreso al país y su contrabando".

En este caso el persecutor también explicó que "dentro de esta investigación hay algunas diligencias pendientes, las que dan cuenta además, de la labor en fronteras de los equipos antidrogas del OS7 en la primera línea de acción, y que desde previo a la crisis sanitaria no se registraba una modalidad como esta".

En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público de Calama logró acreditar que se trata de un ilícito de narcotráfico, y no de tráfico de personas como argumentó la Defensoría tras la detención de 12 hombres y una mujer que intentaban ingresar la droga por un paso no habilitado de la Provincia de El Loa.

El equipo de la Fiscalía Local de Calama logró una condena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo para el imputado de nacionalidad colombiana (48 años) como autor del delito consumado de violación contra persona mayor de 14 años de edad, sumado a una segunda condena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo por su autoría en el delito consumado de violación de menor de 14 años. Ambos delitos fueron perpetrados durante los años 2017 y 2020, respectivamente en Calama.

Además, se le impuso al acusado las medidas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para postular a cargos y oficios públicos y ejercer derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para ejercer profesiones titulares, mientras transcurra dicha condena.

Asimismo, el acusado fue condenado, en ambos delitos, a la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa y a la sujeción de vigilancia de la autoridad por un período de diez años, siguiente al cumplimiento de la pena principal.

Hechos

Según acreditó el fiscal Gabriel Zepeda "el primer hecho sucedió un día indeterminado del 2017, en el inmueble que la víctima, quien habitaba junto a su familia al interior de una toma en la comuna de Calama, domicilio al que concurrió en compañía del acusado; al ingresar al inmueble el imputado la tomó por la fuerza y cometió el delito y con posterioridad, le manifestó que si decía algo de lo ocurrido le haría daño a su mamá, razón por el cual la víctima guardó silencio".

El segundo hecho ocurrió en el 2020 en la localidad de San Antonio, cuando la misma víctima fue al domicilio del acusado, ubicado en una toma de dicha comuna, oportunidad en que el acusado aprovechando las circunstancias del caso, tomó a la víctima por la fuerza y cometió el delito. Tras esta situación, la víctima logró zafarse del acusado indicándole que lo acusaría. Sin embargo, éste le señaló que nadie le creería, por lo que la víctima guardó silencio"

En junio del 2021, en la comuna de San Antonio, la víctima comentó esta situación a su madre y a una tía materna.

El relato de la víctima fue fundamental para la acreditación de los hechos, como asimismo los informes periciales, tanto el informe sexológico elaborado por el Servicio Médico Legal de Valparaíso.