Redacción - La Estrella del Loa

Tras la segunda jornada del encuentro de alcaldes del norte, los ediles participantes anunciaron que solicitarán al Gobierno se declare el estado de emergencia permanente. Esto en relación a la situación de seguridad pública que viven los municipios y los impactos de la migración descontrolada y que afectan a las comunas de este extremo del país.

Si bien para ayer se contemplaba la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve en la jornada, éste se excusó de asistir, debido a la situación de incendios forestales que afectan al sur del país, debiendo los ediles desarrollar el encuentro sin su presencia, y con la subsecretaria de Bienes Nacionales, Marilén Cabrera, como vocera e interlocutora del Gobierno.

Durante la jornada de ayer los alcaldes que participaron al llamado de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi) discutieron y analizaron diversos tópicos, entre estos las competencias edilicias en materia de seguridad pública, el impacto de la migración en las diversas comunas del norte y también el cómo enfrentar estos fenómenos.

Postura

Al respecto el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro comentó que "los alcaldes nos hemos declarado en estado de alerta, y que es una herramienta constitucional vigente. Sin embargo, apostaremos a otra fórmula, que señala los estados permanentes de emergencia a través de la entrega de recursos de forma permanente, y con ello hacer frente a las distintas problemáticas que hoy estamos viviendo en la macro zona norte del país".

Mauricio Soria, alcalde de Iquique, una de las comunas más afectadas por la delincuencia y migración, explicó que "hoy el planteamiento es que el norte de Chile tiene que tener una mirada del Estado en su conjunto a medidas permanentes, y que se instalen para siempre. Y esa mirada no se ha tenido con el norte, hemos estado en el abandono, sólo se reconoce con la crisis migratoria. Por ejemplo hoy nuestras aduanas tienen como única tecnología es un timbre y un lápiz, esa ha sido la protección, y eso tiene que cambiar. Y aprovecho de hacer un llamado a los legisladores, a que no que generen política contingente con la seguridad, no saquen dividendos políticos con las próximas elecciones y la seguridad. Es un tema que afecta a todos, y necesitamos la grandeza de todos".

Deborah Paredes, presidenta de Amunochi y alcaldesa de Sierra Gorda, agregó que "si bien el Gobierno ha estado participando de estas mesas de trabajo, se requieren esfuerzos mayores. Hoy la seguridad es un tema sensible para nuestras comunas. De una u otra manera hay negatividades con la seguridad y los efectos de la migración por cierto, y esperamos que el Gobierno y sobre todo el Estado garanticen medidas concretas, para frenar los índices de delictivos y con apoyos permanentes a los municipios".

Por su parte el alcalde de la fronteriza comuna de Ollagüe, Humberto Flores, agregó que "si bien hemos concordado solicitar un estado de emergencia, y que entregue recursos permanentes para hacer frente a esta crisis en seguridad, se requiere por ejemplo más apoyo en el control migratorio. En el caso de nuestra comuna, si bien contamos con un apoyo del Ejército, se requieren más dotaciones que hagan efectivo un mejor control en nuestras aduanas y sobre todo en todos nuestros pasos fronterizos".

En tanto Justo Zuleta, alcalde San Pedro de Atacama agregó que "tener un estado de emergencia es poder hacer frente a una serie de temas que antes no eran realidades nuestras, en el caso de San Pedro hemos comenzado a tener problemas con la seguridad tanto en el poblado como en nuestros puntos fronterizos, y con hechos nunca antes vistos. Esperamos que esta solicitud sea recogida por el Gobierno, que entienda nuestra postura y que también se aparte de estas mesas de trabajo que esperamos sean una solución".

El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga Ayarza, formalizó por el delito de fraude al fisco a un tercer exfuncionario de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) de Calama, por la compra presuntamente irregular de un inmueble para albergar el proyecto de una clínica dental, mismo que luego fue modificado a un "centro de integración educacional".

La compra de este inmueble, concretada en enero de 2018, se habría efectuado con fondos destinados a la Atención Primaria de Salud, de manera directa y sin la aprobación de los servicios públicos competentes, beneficiando en definitiva al familiar de una de las personas imputadas, quien era dueño de la propiedad adquirida, ubicada en calle Condell número 2043.

En audiencia realizada ayer por la mañana en el Juzgado de Garantía de Calama, fue formalizado por esta causa el exjefe de Planificación de la COMDES, Carlos Brito Contreras, mientras que una segunda persona citada, la exjefa del departamento de Finanzas y RR.HH. de la misma institución, María Calderón , no se presentó, por lo que se emitió una orden de detención en su contra.

De esta manera, y a la espera de la comparecencia de Calderón, aumentó a tres el número de exfuncionarios formalizados como parte de esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público, pues antes ya se había notificado la apertura de una indagatoria penal contra el exdirector ejecutivo de la Comdes, Gregorio Rodríguez , y la exdirectora ejecutiva de esa corporación, Jubitza Tapia.

Durante la audiencia, a esta última, además, se le notificaron nuevos hechos, pero se mantuvo la calificación del delito por el cual se le investiga.

Esta es una investigación que podría calificarse -en caso de ir a juicio- como fraude al fisco, debido a que los exfuncionarios ocuparon recursos del per cápita entregado por el Servicio de Salud de Antofagasta para la compraventa de un inmueble de propiedad de la familia del exalcalde de Calama Daniel Agusto y de su prima, la entonces exidrectora de Comdes.