Redacción - La Estrella del Loa

El municipio efectuará demoliciones en aquellos inmuebles que son utilizados para delitos como el microtráfico de drogas, y que para esto ya cuenta con la información necesaria para proceder al acto administrativo para estas acciones.

El jefe comunal, Eliecer Chamorro, explicó que "tras el levantamiento de información hecho por la Fiscalía, la que coordinadamente con la Delegación Presidencial El Loa, y las policías, nos permiten efectuar esta acción en relación a la Ley General de Urbanismo y Construcción, esto en relación a los permisos de edificación y las modificaciones que efectúan los delincuentes para sus operaciones, y no cuentan con los certificados de línea que corresponden, y tampoco la recepción definitiva, por tanto eso nos permite, más los antecedentes del Ministerio Público, o expropiar o demoler, y en base a ello, procederemos".

En tanto el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga comentó al respecto que "la detección de los inmuebles donde no sólo se ha logrado establecer puntos de microtráfico ha sido una labor de las policías, las cuales a través de sus equipos especializados han logrado establecer, a los ya conocidos popularmente, los sectores donde se ha logrado establecer este tipo de ilícitos, y que son información clave para atacar, con acciones conjuntas, a estos delitos".

Puntos

Los sectores donde las policías y la Fiscalía local han establecido la mayor parte de microtráfico en Calama son: calles como Abaroa, Chacabuco, Hurtado de Mendoza, Italia, Vargas, Félix Hoyos, y otras que son parte del análisis conjunto y el levantamiento de información para intervenciones.

Estas medidas proyectadas por las autoridades "son para combatir desde todos los ángulos al delito en este caso el microtráfico, que se han coordinado. En nuestro caso, y como delegación, ya efectuamos las iniciativas para la recuperación de varios de los puntos que se intervendrán. Se ha trabajado con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para generar en estos proyectos recuperación de espacios. Y para eso hay que coordinar las competencias para ir avanzando en esta materia" agregó el delegado Presidencial, Miguel Ballesteros.

En cuanto a la logística y recursos necesarios para las demoliciones, el alcalde de Calama explicó que "tenemos la maquinaria dispuesta para ello, y quizás no podamos hacer estas demoliciones con una rápida y constantes frecuencia, porque hay que hacer todo un proceso de programación administrativa, pero este semestre se harán demoliciones".

El fiscal Aliaga destacó además que "parte de esta labor, en el caso de las demoliciones, un privado decidió demoler un inmueble, constante punto de microtráfico e intervención policial en Calle Antofagasta, que fue demolido por el propietario tras el homicidio de una joven en el lugar".

En cuanto a los sectores que se analizan para una posible intervención a través de las coordinaciones de la Delegación Presidencial y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para la recuperación de espacios se contempla el sector del pasaje Guillermo López, calles Santa María, Vargas y Aníbal Pinto en el centro, más otros que están siendo aún analizados por las autoridades y que tendrían carácter prioritario para estas.

6 calles al menos están identificadas como aquellas donde hay mayor microtráfico.

5 sectores se están analizando para una posible intervención en Calama.

A los dos últimos formalizados en el caso de la compraventa de un terreno por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), se amplió además, en 120 días, a solicitud del Ministerio Público, las indagatorias en este caso ocurrido durante las administraciones de los exdirectores ejecutivos de Comdes (2017-2018), Jubitza Tapia, y Gregorio Rodríguez, a quienes se les investiga por fraude al fisco.

El fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga explicó sobre esta ampliación de diligencias que "se requiere un trabajo más preciso, más en delitos económicos como este, son más complejos, sobre todo con la ausencia de personal especializado para atender este tipo de delitos, y la falta de peritos en las policías. Eso es lento".

Sobre algunas de las aristas que ha pesquisado la Fiscalía en este caso, "que hay dolo en destinar recursos para la compra de un inmueble que no tenía las condiciones para instalar ahí una clínica dental. No tenía además ingreso alguno a bancos de proyectos de las autoridades competentes, ni las autorizaciones e información detallada de esta. Tampoco la formulación de un proyecto para su ingreso como tal ni en el Servicio de Salud ni en la secretaría regional ministerial de Salud. Esto fue antojadizo, débil, de mala calidad, sin seriedad ni rigor técnico", dijo el persecutor.

Aliaga comentó además que "hay elementos constitutivos en la comisión de un delito como fraude al fisco y donde se gastaron recursos públicos en una compraventa que esta fuera de márgenes legales".

En una ceremonia de egreso, 41 mujeres de la región de Antofagasta fueron certificadas como operadoras y mantenedoras eléctricas, tras participar durante tres meses en el programa de formación "Mineras", impulsado por Escondida BHP.

El programa engloba diferentes iniciativas de capacitación que desarrolla la compañía, que buscan desarrollar nuevas capacidades y conocimientos transversales para que más mujeres tengan las competencias para ingresar al rubro minero.

En las ocho generaciones de "Mineras", ya han participado cerca de 300 mujeres de la región. Además, Escondida BHP cuenta con una dotación femenina de 28,9%..

En esta versión, la formación de operadoras estuvo enfocada en la operación de grúa horquilla y puente grúa.