En lo que va del año el Ministerio Público trabaja en la investigación de ocho homicidios registrados en Calama, cuya tarea no está exenta de adversidades. Labor que cumple junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones con mayor y menor grado de complejidades, sobre todo en casos registrados fuera del radio urbano y que carecen de mayores evidencias.

En este sentido el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga comentó que "es una labor que tiene sus complejidades, pero que atendemos con los medios y la experiencia que tienen las policías para poder esclarecerlos".

El persecutor explicó que "de los ochos homicidios consumados en la ciudad, cada uno tiene sus complejidades. Una de ellas es que en la mayoría de los casos se han utilizado armas de fuego, y en las indagatorias, se ha establecido por ejemplo que no estaban registradas. Ahí hay un punto que guarda relación con que estas están siendo ingresadas al país. Por lo tanto hay que abocarse además al tráfico de armas. No son armas inscritas que hayan salido de un domicilio, por lo menos de nuestros antecedentes y el trabajo efectuado por las policías. Se trata de armamento que tiene, normalmente, de procedencia argentina. Hemos detectado, como lo fue el caso de un procedimiento en San Pedro de Atacama hace algunas semanas, donde se logró incautar accesorios para armas".

Sobre la tasa de esclarecimiento de homicidios el fiscal jefe dijo que "estamos por sobre la media nacional, en un 50 por ciento. Y en otros ya estamos cerrando el círculo. Esto pese a que en Calama no contamos con ciertos medios de apoyo. Aun así hemos estado avanzando en los casos de homicidio".

Casos

En cuanto a los casos que tendrían mayor dificultad para la Fiscalía, "los más complejos, por ejemplo, ha sido el poder pesquisar homicidios como el ocurrido en una parcela ubicada en el sector de Verdes Campiñas. Ahí no existen cámaras cercanas al local de eventos donde ocurrió una balacera. Tampoco dispositivos de seguridad interna, y también donde la evidencia es poca", explicó el persecutor.

Otro de los casos que componen aristas complejas para el Ministerio Público es el que involucra a dos personas cuyos cuerpos fueron encontrados en un sector de Limón Verde. "Ahí la adversidad está en que es un lugar lejano, con condiciones climáticas que pueden borrar u ocultar evidencias importantes, y que por cierto reviste daño a material genético y al propio proceso de levantamiento de evidencia muy importante. Además, no existe en el sitio cámaras u otros dispositivos que hayan captado la actividad y el contexto que pudiesen aportar en torno a estos dos homicidios" explicó Aliaga.

Pese a ello "estamos avanzando, el trabajo policial está entregando algunos resultados, insisto, pese a las adversidades que muchos de estos ocho homicidios tienen en su relación de hechos y el contexto y lugar en que se han efectuado".

"Toda la obtención de pruebas en estos delitos y obtenidos y trabajados por Carabineros y la Policía de Investigaciones cumplen un estándar, el cual está determinado y consagrado por la Constitución y por el Código Procesal Penal. Aun cuando acá en Calama no contamos con laboratorios y peritos. Pese a ello se cumplen estos estándares con calidad, respeto a las garantías constitucionales, incluso aportando antecedentes que permitan que cada caso investigado cuente con los antecedentes requeridos", agregó el fiscal jefe".

Trabajo conjunto

Una de las medidas adoptadas por el Ministerio Público es vincular a las policías en el esclarecimiento no sólo de los homicidios registrados en este 2023 sino que en otros delitos. Sobre esta colaboración el prefecto de Carabineros de El Loa, Alexei Chamblas comentó que "estamos ya trabajando con todas nuestras secciones en ayudar y colaborar según sea el caso. En eso la Fiscalía nos ha instruido ser colaborativos, y para ello hemos dispuesto todas nuestras competencias en trabajar mancomunadamente en establecer responsabilidades, analizar evidencias, compartir información y llevar a cabo procedimientos que vayan en esa línea. Podemos perfectamente llevar un trabajo colaborativo".

Y según explicó el fiscal jefe, "no nos podemos dar el lujo de excluir a una u otra policía en la indagación de homicidios e investigaciones. Ya hemos tenido reuniones con Carabineros y la PDI".

Redacción

La Estrella del Loa

Tras la detención de siete personas en un operativo conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) por una serie de robos con violencia que logró acreditar el Ministerio Público, el Juzgado de Garantía de Calama decretó la medida cautelar de prisión preventiva y de 60 días de investigación para este caso.

Sobre esta determinación del Juzgado de Garantía, el fiscal adjunto Claudio Rojas encargado de formalizar a los imputados, explicó que "se trata de un ciudadano colombiano y dos bolivianos, el resto todos chilenos, quienes conformaban una asociación ilícita para cometer delitos contra la propiedad. Además de tres delitos de robo con intimidación, todo estos cometidos el día 28 de marzo recién pasado. Además de otros cargos por tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, receptación de vehículos y especies entre otros vinculados a la Ley de Tránsito".

El fiscal Rojas explicó también "que el Juzgado de Garantía acogió la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva porque la libertad de éstos por entender que la libertad de ellos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y en el caso de los ciudadanos extranjeros existe un peligro de fuga inminente".

En este sentido el persecutor informó que "dadas estas consideraciones, decretó un plazo de 60 días para la investigación y que mantendrá en prisión a los siete imputados".