Matías Gatica Lindsay

Un inspector de Seguridad Ciudadana del muncipio de Macul falleció horas después de ser apuñalado por un adolescente en un operativo de violencia intrafamiliar.

Según informó Carabineros, la noche del lunes personal de dicha unidad concurrió a un operativo por la agresión de un adolescente hacia su hermana, ocurrido al interior de un departamento en calle Los Olmos con avenida Macul.

Cuando los inspectores llegaron los padres de la familia los hicieron pasar al domicilio, momento en que por razones que se investigan el joven de 17 años se abalanzó sobre uno de los funcionarios, Hugo Vega, y lo apuñaló en reiteradas oportunidades, provocándoles lesiones mayores, razón por la que fue detenido por Carabineros y hasta el cierre de esta edición se esperaba su formalización.

El inspector herido fue trasladado al Hospital de La Florida, aunque debido a la gravedad de sus lesiones fue derivado a la unidad de cardiología del Hospital Sótero del Río, donde en la mañana de ayer falleció.

Hugo Vega tenía 63 años y a traves de sus redes sociales se declaraba como amante del rock. Llevaba más de 8 años trabajando en el municipio de Macul en labores de seguridad y a través de sus redes sociales expresó en alguna ocasión lo mucho que amaba su labor, pues le gustaba dar a las personas vulneradas "consuelo y tal vez una pequeña esperanza".

Consternado por el hecho, el alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, decretó duelo comunal en homenaje al fallecido y pidió otrogarles mayores atribuciones, pues hoy no se les permiute utilizar herramientas para defenderse.

A esto se sumó el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, Gustavo Alessandri, quien dijo que hace tiempo advirtieron al Gobierno de la necesidad de dar mayores atribuciones a los inspectores y dotarlos de elementos de defensa.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reconoció que "hay guardias municipales cumpliendo labores que eventualmente ponen en riesgo su vida, por eso estamos en conversaciones con municipios para darles mayores facultades, pero también sancionar de manera severa las agresiones a funcionarios municipales. Es urgente avanzar en esta materia".

En esa línea el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció que presentarán un proyecto de ley para fortalecer el rol preventivo de los municipios y los funcionarios, incluyendo también a los alcaldes.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones confirmó en la mañana de ayer la detención de dos hombres de nacionalidad colombiana, sospechosos de asesinar a una persona y dejar su cuerpo en un basurero de Recoleta, Región Metropolitana.

La tarde del domingo unos vecinos hallaron el cuerpo al interior de un contenedor en la calle Lircay con avenida El Salto. Debido a ello la PDI inició diligencias para identificar a la victima y dar con los responsables del homicidio.

La revisión de las cámaras de seguridad y los interrogatorios a testigos permitieron la detención de dos personas de nacionalidad colombiana, de 20 y 26 años, que habrían estado involucrados en este hecho.

Los registros audiovisuales posicionan a los sospechosos afuera de un cité "trasladando el basurero hacia calle Lircay, donde es encontrado". Otras cámaras los mostraron caminando ya sin el contenedor.

Por ello ambos sujetos, que están con situación irregular en el país, iban a ser formalizados la tarde de ayer como sospechosos de homicidio con objeto contundente, pues la víctima, que según la PDI también sería extranjera, aunque aún no logran su identificación, tenía una fractura craneal y cervical por golpes.

La PDI dijo que por ahora una de las líneas investigativas del caso sugiere que habría sido un homicidio por microtráfico de drogas y que habría otras tres personas, todas colombianas, involucradas en este hecho.

De ellas dos ya habrían sido identificadas y se realizan diligencias para conocer la identidad de un tercer sospechoso, lo que hasta el cierre de esta edición aún no era informado.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó cinco recursos que pretendían echar abajo casos de extranjeros indocumentados que fueron enviados a prisión preventiva por cometer delitos y encontrarse ilegales, como solicitó a los persecutores que requirieran en las audiencias el fiscal nacional, Ángel Valencia. La decisión fue destacada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien dijo que "con antecedentes bien fundados los tribunales le dan razón a los fiscales". El lunes la Corte Suprema también había ratificado la prisión preventiva a un extranjero ilegal, desestimando así un recurso de amparo de la defensa. Antes, el máximo tribunal había dicho que este criterio sería evauado caso a caso.

Carabineros informó ayer que ha detenido a 337 personas bajo el plan Calles sin Violencia, que comenzó a regir la semana pasada. Según indicó el general inspector Enrique Monrás Álvarez, director nacional de Orden y Seguridad, los uniformados iniciaron el plan el 10 de abril en cuatro comunas de la Región Metropolitana y otras 6 de regiones, por lo que los aprehendidos son desde esa fecha. De los 337 apresados, 130 fueron por mantener órdenes vigentes, 29 por robos, 12 por porte de arma blanca y 9 por hurto. Además por el plan han realizado 13.325 patrullajes preventivos, han cursado 501 infracciones, incautado 35 armas y decoisado 2,75 kilos de drogas. En lo que va de año Carabineros ha detenido a 116.827 personas, un 5,8% más que en 2022.