Redacción - La Estrella del Loa

Ayer y en un hito que incluyó a las autoridades provinciales de El Loa, a la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en conjunto con el Ejército y la Aviación, se iniciaron las obras de modernización del aeródromo de esa comuna, y que permitirá conectar vía aérea al poblado con el resto del país.

Se trata de las obras que modernizarán la pista y también la tecnología con la que operará el terminal, "y que se sumará a las alternativas que tenga el poblado para conectarse vía aérea, esto ante posibles interrupciones en conectividad o para el traslado de pacientes urgentes hacia la capital regional u otros centros asistenciales", explicó Pedro Barrios, secretario regional ministerial de Obras Públicas (MOP).

Trabajos

Según explicó el titular del MOP en la región, "las obras contemplan una duración de seis meses y por un monto de 1.700 millones de pesos, y que están destinados a mejorar la carpeta de aterrizaje, y también la tecnología que ocupará para entregar información a pilotos y la Dirección general de Aeronáutica Civil (DGAC), para vuelos y las condiciones de estos".

Consultado el seremi del MOP acerca de si el aeródromo de San Pedro de Atacama tendrá posibilidad de ser utilizado para vuelos comerciales, Barrios comentó que "se puede ocupar para vuelos comerciales, eso dependerá del tamaño de la nave, quizá los de mayor envergadura no, pero sí aviones de menor tamaño y que dependerá de empresas que quieran hacer estos recorridos lo van a poder hacer".

A modo de ejemplo el seremi de Obras Públicas, Pedro Barrios dijo que "podrán operar en este aeródromo aviones tipo Hércules, los que trasladan apoyo en caso de emergencias naturales, tal y como se han producido en San Pedro de Atacama y sus alrededores".

Las obras consideran la conservación de la pista, rodajes y plataforma del aeródromo, mediante la aplicación de un sello asfáltico y antiderrame de combustible que aumentará la vida útil al pavimento. También considera realizar una conservación al cerco perimetral del lugar, el cual tiene cerca de 10 años, con el fin de evitar el ingreso de animales y personas.

Ruta 23ch

Por otra parte ayer se efectuó además el inicio de obras de mejoramiento de la ruta 23Ch en el tramo San Pedro hacia el sector de ingreso al observatorio ALMA. "Son obras del orden de los 3.600 millones de pesos, y que tienen un plazo de trabajo que se extenderá hasta inicios del 2024. Aún así esperamos adelantar su entrega, para antes de fin de año , y cuando se hagan recepciones de estos trabajos en la carpeta asfáltica", explicó Pedro Barrios.

En cuanto a la fiscalización de obras, el seremi del MOP explicó están a cargo de nuestros profesionales para el avance y también en aspectos técnicos dentro de las obras que permitan una rápida entrega y con calidad".

A través del asesor jurídico de la municipalidad de Calama, se informó que la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección interpuesto por la junta de vecinos San Sebastián y que acusaba al consistorio la falta de un plan de Seguridad Pública comunal.

El abogado Franklin Muñoz explicó que "tras los alegatos, el tribunal de alzada nos informó que "la Corte de Apelaciones rechazó este recurso de protección, considerando y fundamentando que el municipio cumplía con el plan de Seguridad Pública comunal, y que se trabajaba en este desde el año pasado".

El profesional del municipio agregó demás que "el rechazo de este recurso se basa además en forma porque se alude a que la persona que lo interpone lo hace a nombre de ella y de los demás vecinos, pero no identifica quiénes son".

El asesor jurídico agregó además que "el plan de Seguridad Pública para la comuna tenía como plazo de entrega y aprobación al próximo mes de mayo. Es decir se hizo dentro del plazo y eso también fue considerado por la Corte de Apelaciones al rechazar este recurso. Por lo tanto no había ninguna ilegalidad".

Según el abogado del municipio, "la corte también consideró que este plan es totalmente preventivo, y que la persecución del delito en a ciudad, y como en todo el país, es una labor que corresponde a las policías y el Ministerio Público. Además, se hizo énfasis en que el consistorio ha efectuado medidas muy importantes en materia de seguridad pública, tales como la demolición de narco casas, y también de la dotación de equipos de asistencia vecinal y de una dirección Municipal de Seguridad Pública. Sumándose además, un convenio de cooperación con Carabineros, para el traslado de funcionarios policiales en el trabajo preventivo".

La Fiscalía de Calama logró ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de esa ciudad, condenas de presidio perpetuo calificado para los imputados Jhon William Hurtado Torres y Jhon James Alomia Hurtado, ambos de nacionalidad colombiana, en calidad de autores de dos delitos de homicidio consumados y tres delitos de homicidio frustrado perpetrados el año 2020 en la capital loína.

Al mismo tiempo, se condenó a un tercer involucrado, identificado como Michael Viveros Gamboa, también de nacionalidad colombiana, a una pena de 17 años de presidio por un delito de homicidio consumado y un delito de homicidio frustrado.

Caso

La causa fue investigada por el fiscal jefe de Calama, Cristian Aliaga, junto a equipos especializados de la PDI y Carabineros, y guarda relación con dos hechos policiales registrados el año 2020 en el contexto disputas territoriales por la venta de droga.

El primero de ellos ocurrió el 7 y el 8 de mayo a las afueras de un domicilio en calle Collahuasi, donde los imputados Hurtado Torres y Alomia Hurtado, abren fuego en al menos cinco ocasiones contra tres víctimas, una de las cuales fallece, mientras que las otras dos resultan con distintas heridas.

Según la acusación fiscal, el segundo hecho se registra el día 22 de mayo de 2020 en calle Pedro de Valdivia de Calama. Allí los mismos imputados, pero ahora acompañados por Michael Viveros Gamboa, disparan reiteradamente contra otra víctima, provocando su muerte y lesiones a otras dos personas.

Fiscal

Al respecto el fiscal Aliaga comentó que "los hechos de sangre investigados estaban relacionados a disputas territoriales vinculadas con la venta de droga y bajo ese escenario los acusados ejecutaron los mismos, no solo con el ánimo de matar, sino que para apropiarse del territorio para su negocio ilegal".

Aliaga recalcó que "estos homicidios se generan en plena pandemia, cuando teníamos una situación de fronteras cerradas y escasez de droga, lo acrecentó la violencia y el uso de armas de fuego en la comisión de delitos".

Los acusados fueron detenidos el 10 de julio del 2020 por funcionarios de la PDI en la comuna de Mejillones, hasta donde habían huido.