L. R. C.

Un operativo masivo impulsado por Carabineros para enfrentar la delincuencia que afecta al país terminó ayer con 742 detenidos en todo el territorio, de los cuales 328 personas mantenían órdenes de aprehensión vigentes, mientras que 414 fueron sorprendidos cometiendo delitos de manera flagrante.

La generala Marcela Casas explicó que aplicaron una "ronda focalizada" que se extendió desde las 16.00 horas del martes hasta la medianoche de ayer en más un centenar de comunas.

En ellas participaron más de 3 mil funcionarios en todas las regiones, siendo las que tuvieron mayor número de detenidos la Metropolitana, con 118; el Bio Bio, con 110; y Valparaíso, con 67.

El objetivo del operativo, explicó la oficial, fue acrecentar la presencia policial en las calles, a fin de mejorar la sensación de seguridad, que es uno de los temas más demandados por la ciudadanía, según las encuestas.

Carabineros detalló que el patrullaje se extendió durante ocho horas, en las que apresaron a un promedio de 94 personas cada 60 minutos.

Del total, hubo 124 personas atrapadas por infracciones a la Ley de Drogas; 20 por la Ley de Armas; 23 por robo con fuerza; y 331 por orden judiciales en curso.

En el patrullaje fueron sacados de las calles 73,66 kilos de droga, 62 armas y 341 municiones, y se recuperaron 22 vehículos que mantenían encargo por robo.

La generala Casas indicó que esta ronda es un servicio adicional a los que realiza habitualmente Carabineros y añadió que en estos casos se hace un "copamiento" de los lugares que cada comisaría determina como los sitios en que se cometen más delitos.

El 84% de los apresados son hombres y el 16% mujeres. Del total de 742 detenidos, 91% son chilenos y el 95% son adultos. Además, 528 detenidos, es decir, un 71,2% fueron puestos a disposición de los tribunales.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, anunció ayer que viajará a Antofagasta para entregar información a la fiscalía sobre un contrato por 426 millones suscrito entre la seremi local y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es la pareja de la diputada RD Catalina Pérez.

"Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos ya los han gastado, aquella parte que no han gastado, nos parece que lo sensato es que los pongan a disposición", dijo el PS.

Antes, había dicho que le parecía que "esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable".

El contrato con Democracia Viva se refería a participación ciudadana en el proceso de erradicación de una decena de campamentos en la Región de Antofagasta. Éste fue suscrito por su representante, Daniel Andrade, y el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras.

El primero es la pareja de la diputada Catalina Pérez y el segundo fue su jefe de gabinete. Sin embargo, la parlamentaria asegura que ella desconocía el contrato, entregó los antecedentes a la Contraloría y le pidió a los involucrados hacerse responsables de sus actos.

Ayer, la comisión política de RD pidió a su tribunal supremo que resuelva la expulsión de Andrade y Contreras.

"Condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos", dijo la colectividad.

En tanto, RN pidió a Contraloría que audite a todas las seremis para revisar los contratos pagados a entidades relacionadas con el Frente Amplio.

En un operativo realizado en el centro de Santiago, Carabineros incautó un total de 4.096 accesorios de telefonía celular, entre los que destacaban carcasas de seguridad, audífonos y otras especies, que fueron avaluados por la institución en más de 181 millones de pesos.

Las pesquisas se efectuaron en cuatro locales comerciales ubicados en calle San Antonio y Paseo Estado, en pleno centro de la capital, donde se estableció que las especies comercializadas eran falsificadas.

Según informó Carabineros, el operativo se realizó durante la jornada del martes en las tiendas establecidas debido a que empresas como Apple, Adidas, Beats Electronics, Koninklijke Philips y Huawei Technologies y sus marcas asociadas interpusieron denuncias por la comercialización y distribución de productos sospechosos de ser falsificados, puesto que no contaban con las medidas de seguridad y autenticidad propias de las originales, y se afectaba directamente a sus derechos de propiedad industrial.

Por el hecho fueron detenidos dos chilenos de 33 y 49 años; un ciudadano colombiano de 19 años; y una persona venezolana de 25 años.

Tras ser puestos a disposición de la Fiscalía Centro Norte, desde el organismo persecutor determinaron que los sospechosos quedaran libres a la espera de citación.