Leo Riquelme

Con la ausencia de representantes de la oposición por segunda vez en una actividad de este tipo, el Gobierno presentó ayer una agenda legislativa para abordar hechos cometidos en el régimen militar, lo que incorpora el levantamiento parcial del secretismo de 50 años que existe sobre los antecedentes recopilados en informes sobre violaciones a los derechos humanos, a fin de acceder a pistas que permitan ubicar a las 1.210 personas que siguen desaparecidas tras su detención a manos de agentes del Estado.

El Ministerio de Justicia explicó que la iniciativa pretende habilitar la posibilidad de que quienes hayan entregado su testimonio a las comisiones Valech I y II puedan levantar una moratoria del secreto para permitir que los tribunales accedan a esa información específica y poner, bajo reserva, los antecedentes a disposición del recién creado Plan Nacional de Búsqueda.

El ministro Luis Cordero explicó que eso ya se hace con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y precisó que para ello se requerirá el consentimiento expreso de las víctimas que ofrecieron su testimonio, o el de sus familiares o herederos si es que estas se encuentran fallecidas.

El abogado de DD.HH. Héctor Salazar comentó en radio Cooperativa que la medida podría resultar "importante" porque al ser trabajada con los antecedentes con que cuentan los tribunales "pueden abrir algunas brechas con que se pueden alcanzar mayores retazos de verdad".

La agenda incluye la calificación jurídica de "ausente por desaparición forzada"; tipificar los delitos de "desaparición forzada" y "ejecución extralegal"; crear una política nacional de memoria y patrimonio; y eliminar el carácter de secretas o reservadas que mantienen un conjunto de leyes decretadas durante la dictadura.

En la oposición criticaron la idea de levantar el secreto. Los diputados Stephan Schubert (ind. pro Republicano) y Jorge Guzmán (Evópoli) acusaron un intento de vulnerar el acuerdo suscrito por quienes ofrecieron su testimonio; y el RN Diego Schalper estimó que la propuesta de abrir esa reserva a los familiares "no es una facultad jurídicamente heredable" y que pone en entrevero la capacidad de los tribunales para recibir los testimonios.

En medio de la presentación de su libro "Un Ejército de todos", el excomandante en jefe de la institución de 2018 a 2022, el general (r) Ricardo Martínez, responsabilizó ayer de los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en el régimen militar al general Augusto Pinochet.

"Creo firmemente, con mi formación y paso de más de 46 años en el Ejército, que la responsabilidad de todo lo que ocurrió la tiene el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet, porque cuando uno habla de ese periodo no puede soslayar a a quién estaba como comandante en jefe, y quien tenía la potestad de ordenar lo que hubiese que ordenar", dijo en radio Cooperativa.

Martínez sostuvo que todo subalterno habría obedecido su determinación de detener cualquier atisbo de violación a los derechos humanos.

Sus declaraciones cayeron mal en afines a Pinochet. La diputada RN Camila Flores recordó que el fallecido general "no fue condenado por ninguna situación" y agregó que Martínez "no debió haber llegado nunca a ser comandante en jefe". El senador UDI Iván Moreira escribió en "X": "Cobardía por sus dichos contra Pinochet, ¿por qué no lo dijo cuando vestía uniforme? Desleal, resentido (...) Promociona su libro, espera indulgencia de juez de izquierda por proceso judicial y un gran abrazo y beso de @GabrielBoric por ayudar a la conmemoración de los 50 años".

Para hoy está previsto que los tres partidos de Chile Vamos entreguen su declaración sobre los 50 años del Golpe de Estado, manteniendo su postura de distanciarse de la que pide suscribir el Gobierno en La Moneda el 11 de septiembre, que se remitirá a un compromiso irrestricto con la democracia y la defensa de los derechos humanos.

El secretario general de RN, Diego Schalper, dijo que "Chile Vamos no tiene por qué rendir ningún tipo de test de blancura en materia de derechos humanos, de democracia, de respeto al Estado de derecho (...) a diferencia del actual oficialismo, que hace cuatro años tuvieron una actitud bastante condescendiente con la violencia, con el '#RenunciaPiñera'".

"El Gobierno ha sido el principal agente de toxicidad del ambiente actual", añadió, asegurando que esperan que con la declaración de hoy el Ejecutivo "reaccione", dejando entrever que no se limitará sólo al Golpe, sino a los hechos anteriores y recientes, y tenga "más sentido de futuro".

El Presidente Gabriel Boric ayer aseguró que "hasta el último momento vamos a hacer el esfuerzo para que todos, sin interpelaciones, sino por una convicción de futuro respecto del bienestar de nuestra patria, nos comprometamos en conjunto a valorar y cuidar la democracia y a respetar de manera irrestricta los DD.HH.".