El fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, habló ayer al inicio del juicio por el bombazo del 8 de septiembre de 2014 en el subcentro de la estación Metro Escuela Militar de Santiago, que dejó una veintena de lesionados, entre ellos, una empleada del aseo, que perdió un dedo.

"Aquel año, y particularmente ese día, Chile cambió, y lo que queremos hoy es dar cuenta de las responsabilidades individuales y penales que le caben a cada uno de los acusados, a través de un sin número de pruebas", dijo Guzmán sobre las 648 evidencias materiales y 231 documentos que presentaría la fiscalía, además de 186 testigos y 87 peritos.

"Se trató, sin duda, del atentado terrorista más grave que ha tenido nuestro país desde el retorno a la democracia", agregó.

Por el caso están acusados Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán, para los cuales la fiscalía pidió presidio perpetuo simple, 20 años de cárcel y 10 años, respectivamente.

Juan Flores está acusado de participar en el atentado en Escuela Militar y en el bombazo que ocurrió en julio de 2014 en un vagón del Metro que llegaba a Estación Los Domínicos, además del ataque a la Primera Comisaría de Santiago. Casanova también está acusada por los bombazos vinculados al Metro y por la pólvora encontrada en su casa cuando fue detenida, en 2014.

A Enrique Guzmán la fiscalía lo acusa por el ataque a la comisaría.

El defensor penal público, Juan Pablo Guzmán, ha sostenido que no existe material genético que sitúe a Juan Flores en el lugar del hecho. Se espera que el juicio dure más de tres meses.

Redacción

Nabila Rifo está concentrada en saldar cuentas con su pasado, pero pendiente de resolver los problemas cotidianos de su presente como no vidente y pensando en qué tipo de vida llevará después de que termine el juicio a su expareja Mauricio Ortega, acusado por la fiscalía de la brutal agresión que sufrió en mayo de 2016, cuando fue golpeada repetidamente con un bloque de cemento y le arrancaron los ojos.

El jueves declaró en el juicio oral que se desarrolla en Coyhaique, oportunidad en que responsabilizó del ataque a Ortega, quien asegura ser inocente. Rifo habló ayer a distancia con el matinal "Mucho Gusto" de Mega, donde profundizó en su experiencia.

"Me hubiera cortado una pierna u otra cosa, pero no los ojos, eso es lo más importante", dijo.

Añadió que sigue realizando labores domésticas y ocupándose de sus cuatro hijos: "Me levanto, me ducho, arreglo a mis hijos para que vayan al colegio, los peino. Hago mi pieza, ordeno mi ropa, ya lo puedo hacer. Lo único que me da miedo es cocinar, porque me da miedo la cocina a gas".

"Mis hijos son mis ojos (...), yo sueño con acostumbrarme a vivir en la oscuridad", recalcó.

Antes del ataque, Rifo trabajaba vendiendo muebles, pero detalló que ahora vive de una pensión presidencial de $300 mil, que se suma a la de jubilación de su mamá.

Sobre su expareja, dijo que "siento lástima y rabia. Él va a estar solo, va a caer preso, pero siento rabia, porque no sé si le voy perdonar lo que me hizo".

Liderazgo

Nabila Rifo también se dirigió a otras mujeres que han experimentado situaciones difíciles: "Yo les hablo a todas la mujeres que viven violencia, violencia psicológica y sexual, que salgan adelante, que se apoyen, antes de que les pase algo peor, los niños son los que sufren, se dan cuenta de todo. Denuncien, no están solas".

Y añadió que le gustaría dar charlas sobre el tema "y apoyarlas para que no les pase lo me pasó. Lo que me hicieron es como estar muerta en vida".

Tras los escándalos por fugas y niños muertos en hogares vinculados al Servicio Nacional de Menores (Sename), la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley para separar al ente en dos: uno dedicado a proteger a los niños y niñas vulnerados en sus derechos, y otro a resguardar a los adolescentes que hayan cometido delitos.

El primero se llamará "Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas" y dependerá del Ministerio de Desarrollo Social. El segundo será el "Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil" y estará a cargo de Justicia. "Proponemos la necesaria diferenciación de dos funciones, claramente distintas, que hasta hoy ha debido asumir el Servicio Nacional de Menores", dijo ayer.