Leo Riquelme

Con 27 votos más de los que necesitaba, la Cámara de Diputados aprobó ayer los cambios introducidos por el Senado y el Congreso despachó la reforma que permitirá un tercer retiro del 10% de las AFP, pero que desde el martes comenzará a revisar el Tribunal Constitucional (TC) a petición del Gobierno.

La iniciativa fue respaldada por 119 parlamentarios, incluyendo a decenas de miembros de Chile Vamos; fue rechazada por 17 y tres se abstuvieron.

A diferencia de los anteriores retiros, esta vez se considerará entre los beneficiados a los pensionados por Rentas Vitalicias; no pagará impuesto; y el cotizante podrá aumentar en un 1% su cotización por al menos un año para recuperar el dinero perdido. La Superintendencia de Pensiones ha estimado que el giro podría dejar a casi 5 millones de trabajadores sin fondos.

En la jornada un congresista oficialista le pidió a La Moneda que desista del libelo. "Esperamos que el Presidente (Sebastián Piñera) se ponga una mano en el corazón y retire el requerimiento (...) Esto no es voluntarismo, es necesidad (...) A dos tercios de la clase media no le ha llegado un peso y necesita de estos recursos", dijo el RN Francisco Eguiguren.

El jueves el mandatario se reunió con los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Ayer el representante de RN, Rafael Prohens, admitió que Piñera "no acogió" las peticiones de retirar el requerimiento del TC o patrocinar con cambios la iniciativa.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que aún hay posibilidades de negociar y reconoció que "una virtud (de los proyectos de retiro) es que los chilenos se sienten dueños del 100% de sus fondos previsionales".

En ese sentido, el diputado insistió en buscar acuerdos, pues a su juicio, "lo blanco y negro lo único que genera es que nos sigamos hundiendo en el fango de la impopularidad".

En la oposición los festejos fueron mesurados. El PS Marcelo Schilling dijo que estaban dispuestos a ir a defender al TC "el derecho del Congreso" para impulsar reformas. En tanto, su par DC Gabriel Silber dijo que el Presidente Piñera tenía hasta el lunes para retirar su requerimiento. Agregó que de lo contrario "cruzará una línea roja" que activará una acusación constitucional en su contra.

Esto no logra consenso aún en su sector ni partido. El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, dijo temprano que ello sería "más bien un gesto político que no ayuda en nada".

El subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, acusó que hacerlo sería darle un "uso político" a una herramienta constitucional que, a su parecer, no tiene fundamento; y refrendó que el Gobierno tiene el "deber" de defender la carta magna.

El titular de esa cartera, Juan José Ossa, criticó que en el debate se dijera que el Gobierno ha sido "miserable" y que ha actuado con "avaricia". "Eso no es cierto (...) Todos hacemos el máximo esfuerzo por contribuir a nuestro país. Nada más fácil y tentador para un Gobierno que repartir recursos, pero tenemos que hacerlo en forma bien diseñada y responsable".

Miles de personas salieron ayer a las calles en la Región del Biobío para homenajear el paso de la carroza que llevaba al cuerpo del niño Tomás Fuentes, quien apareció muerto en febrero tras nueve días desaparecido.

Pese a que la zona se encuentra en cuarentena, familias completas salieron con globos, banderas y con niños disfrazados, tal como habían pedido los parientes del pequeño de Lebu, cuyo deceso aún no tiene una explicación oficial.

A dos meses del hecho, el cuerpo fue entregado por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción pasadas las 13.00 horas. Al lugar concurrieron amigos y los padres de Tamara Moya Almonacid, una niña fallecida en Huechuraba durante un portonazo al vehículo familiar en febrero, y que recién ayer comenzó a aclararse.

Este caso y el de Tomás, entre otros, llevaron al Gobierno a presentar un proyecto para endurecer las condenas a quienes asesinen a niños en el contexto de otros delitos.

A la capital penquista también arribó el director nacional del SML, Gabriel Zamora, cuya entidad ha estado en entrevero con la fiscalía en las últimas semanas debido a que su autopsia estableció que el niño murió algunos días después de su desaparición por hipotermia e inanición, aparentemente sin la intervención de terceros.

"El servicio realizó distintos análisis forenses de tipo toxicológicos, bioquímicos, genéticos, odontológicos e histopatológicos. Productos de estos trabajo se lograron completar más de 60 exámenes adicionales a partir de 230 muestras biológicas extraídas, que son evidencias", defendió Zamora.

"El Servicio Médico Legal ha realizado todos los procedimientos que ha solicitado la fiscalía en el marco de este caso, cumpliendo en tiempo y forma con el tiempo del informe requerido, no quedando pendiente ningún examen ni antecedente de los que han solicitado en esta causa por parte del Ministerio Público", añadió.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, ha asegurado que el SML se "precipitó" a entregar su revisión a los restos, pues asegura que todavía resta la realización de otros peritajes, que incluirán la participación de expertos internacionales.

Zamora concedió que en toda investigación la fiscalía puede requerir otros peritajes. Pese a ello, agregó que "el Servicio Médico Legal entregó un informe final y concluyente, que se entregó producto de la investigación que se realizó a través de los métodos científicos con que se trabaja".

El funcionario, eso sí, reconoció que la filtración a un medio de las conclusiones antes que a la familia era un hecho "inaceptable y creemos que se debe investigar hasta dar con los responsables".