Pablo Mamani Prado

Un valioso equipo fue sustraído desde la Tercera Compañía de Bomberos de Tocopilla, se trata de un dron que cuesta más de cuatro millones de pesos, cuya investigación está en manos de la PDI y que, paralelamente, motivó las indagatorias de una comisión interna del Cuerpo General de Bomberos de la ciudad.

Según comentó a La Estrella el superintendente Víctor Díaz, este hecho habría ocurrido el 23 de julio, porque no se tiene la claridad o las pruebas -hasta el momento- para determinar si fue antes o no de esa fecha el ilícito.

"El viernes 23 de julio la oficialidad de la Tercera Compañía estaba preparando un ejercicio que iba a durar dos días y al llegar al cuartel para desempacar este dron que tenían guardado, se dieron cuenta al sacar la caja, que estaba dentro de un container con todas las medidas precautorias, se dieron cuenta que el dron había sido hurtado, sustraído", explicó Díaz.

Equipo

Se trata de un dron marca DJI Mavic 2 Enterprise Dual Aircraft, el cual contempla cámara termal, baterías, cable de poder, protector de gimbal, parlante, foco y una cámara CCTV, entre otras especificaciones. El aparato tiene un valor aproximado a los $4.500.000.

El equipo es bastante importante, debido a que está incorporado en los nuevos vehículos que recibió la institución tocopillana en el 2019, gracias a los 2.431 millones de pesos de un proyecto FNDR, donde se adquirieron modernos carros bomba para las tres compañías del puerto.

Investigación

El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, Víctor Díaz, señaló que "en un principio se pensó que algún oficial lo había cambiado de lugar y lo había puesto en el carro bomba, lo buscaron infructuosamente y no encontraron nada. Se hizo la denuncia a la Policía de Investigaciones, también a la Fiscalía y estamos esperando que esta investigación llegue a un buen fin. También nosotros como institución formamos una comisión interna investigadora, que está realizando una indagatorias en la compañía para ver qué pudo haber causado, en qué fallamos en el cuidado de este elemento, un dron que cuesta cerca de 4 millones quinientos mil pesos. Es un dron que tiene una cámara termal, por ejemplo, cámara para filmar en la noche, que esta compañía la iba a ocupar en todas las operaciones de materiales peligrosos que ellos realizan".

Lamentablemente este dron nunca había sido usado y los volunarios esperan encontrarlo.

La Corte Suprema acogió recurso de protección y le ordenó que al Ministerio de Energía establecer las coordinaciones necesarias con las demás carteras relacionadas, con el objetivo de elaborar e implementar a la brevedad un plan que contemple, primordialmente, la adopción de medidas que procuren la reinserción o reconversión laboral de los trabajadores afectados por el cierre de centrales termoeléctricas en marcha.

En la sentencia (causa rol 25.530-2021), la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y el abogado integrante Diego Munita- estableció el actuar arbitrario de la cartera recurrida al no considerar a los trabajadores que perderán su fuente de ingresos con la implementación del plan de descarbonización de la matriz energética nacional.

En enero de este año, según consignaron, fue cuando sindicatos de trabajadores portuarios de Tocopilla interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra del Ministerio de Energía.

"Que, la implementación de la denominada propuesta de 'transición justa', impulsada por los Ministerios de Energía, Trabajo y Medio Ambiente en conjunto con otros actores, precisamente tiene por objetivo abordar los efectos derivados de la salida de la generación eléctrica en base a carbón, en aras de lograr un proceso de transformación justo y equitativo, tanto para los trabajadores perjudicados con la pérdida de su fuente laboral directa e indirecta y con ello de sus ingresos, como también para las comunidades afectadas con la pérdida de los servicios vinculados al desarrollo de la actividad termoeléctrica en retroceso, aunando de ese modo el desarrollo ambiental, económico y social", plantea el fallo.

Por tanto, la Corte resolvió que "se revoca la sentencia apelada de veintiséis de marzo en curso y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección, solo en cuanto la autoridad recurrida deberá en un breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan que contemple primordialmente la adopción de medidas que procuren la reinserción o reconversión laboral de los trabajadores afectados, además de gestionar la creación de mecanismos tendientes a controlar el desarrollo eficiente de tales medidas, en aras de asegurar que el tránsito hacia una economía ambientalmente sostenible, se produzca en la medida que también se resguarden los derechos de los trabajadores".