Matías Gatica Lindsay

En medio del debate que ha generado el asesinato de un niño de 5 años que fue baleado en Padre Hurtado, el expresidente Sebastián Piñera, apunto sus dardos hacia el Gobierno por su rol en seguridad. Desde el Ejecutivo le contestaron que llevan a cabo una agenda histórica en esa materia.

El exmandatario dijo ayer que "los indultos que dio el Presidente (Gabriel) Boric fueron un gravísimo error y han tenido gravísimas consecuencias (...) porque fue una muy mala señal hacia el octubrismo y hacia la delincuencia y la violencia, una señal de ambigüedad, de debilidad, de complacencia, que creo que en parte explica la situación dramática que estamos viviendo hoy en materia de delincuencia".

A ello agregó que la primera prioridad de los chilenos es la seguridad y aparentemente no es la primera prioridad y preocupación del Gobierno. "Por eso creo que aquí lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, hacer un verdadero pacto por la seguridad".

A sus dichos la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, contestó que "en hechos tenemos la agenda más histórica en seguridad, y también una gran agenda anticorrupción".

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que "la seguridad no se gobierna con titulares de prensa. La seguridad se gobierna con acciones" y llamó a los alcaldes a enfrentar "la crisis en conjunto".

Pese a que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que este crimen se habría dado en el contexto de un ajuste de cuentas, la abuela del niño asesinado señaló a Canal 13 que el padre del menor, quien supuestamente era el blanco del ataque, "nunca tuvo nada pendiente" con el principal sospechoso, un hombre apodado como "El Lechuga", quien hasta ayer no había sido encontrado.

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, y el alcalde de Padre Hurtado, Felipe Muñoz, presentaron ayer una querella criminal contra quienes resulten responsables. Orrego pidió que el Gobierno "escuche a los alcaldes", quienes han pedido que se decrete estado de emergencia en la región, lo que a la fecha ha sido desestimado por el Ejecutivo.

El Instituto Nacional de Estadísticas informó ayer que el Índice del Precio al Consumidor (IPC) de noviembre registró un alza de un 0,7%, mayor a lo esperado por el mercado que estimaba que el aumento sería de un 0,2%, pese a ello, el dato anual continúa moderándose y bajó del 5%, ubicándose en 4,8%.

"Diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, una presentó incidencia negativa y una registró nula incidencia", señaló el INE en un comunicado.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (1%) y transporte (1,3%), mientras que los precios de las bebidas alcohólicas y el tabaco disminuyeron un 0,6%, precisó el INE.

Con esto el valor de la Unidad de Fomento (UF) subirá $256 y el 9 de enero llegará a 36.803 pesos.

Sobre la cifra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que "es una sorpresa que no nos gusta, pero que se inscribe dentro de una tendencia declinante de la inflación y que continuará en los próximos meses".

Algo en lo que también enfatizó el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien señaló que "lo fundamental es que hemos tenido una baja continua de la inflación, la que llegó a estar en 14,1% hace un poco más de un año, a tener ahora este 4,8%". Esta es "una trayectoria que tiene que seguir nuestro país de reducción de la inflación", señaló.

El jueves se concretó la expulsión hacia Colombia de 30 ciudadanos de ese país. Algunos de ellos se encontraban presos por diferentes delitos y otros habían ingresado a Chile por pasos no habilitados.

La realización del cuarto vuelo de expulsiones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fue confirmado por el Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional de la PDI, prefecto inspector Cristian Sáez, quien dijo que el avión hizo escala en Iquique y transportó a 18 migrantes con orden de expulsión judicial y 12 con administrativa.

"Respecto a las expulsiones judiciales, se refieren nuevamente a delitos violentos, como robo con intimidación, robo con violencia, secuestro e infracción a la ley 20.000 (Ley de Drogas)", señaló Sáez, quien agregó que las expulsiones administrativas, "principalmente se refiere a faltas a la ley de migración por ingreso por paso no habilitado".

Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que "este es el cuarto vuelo de la Fuerza Aérea (con ese objetivo) en lo que va del gobierno del presidente Gabriel Boric, y el segundo vuelo de la FACh que sale en menos de una semana".

El sábado se efectuó el tercero que llevó a 29 migrantes con destino a Colombia, República Dominicana y Ecuador.

En lo que va de año se ha expulsado a 856 personas, 283 por vía administrativa y 573 judiciales.