Matías Gatica Lindsay

La Brigada de Homicidios de la PDI trabajaba en la tarde de ayer para identificar dos cuerpos hallados desmembrados al costado de un canal en Pudahuel. Los policías buscaban determinar si los fallecidos eran dos personas desaparecidas hace unas semanas.

En la noche del martes la familia de una mujer en situación de calle, a quien habían reportado como desaparecida desde octubre, pues no la veían desde agosto, recibió una videollamada en la que le indicaron que el cuerpo de su pariente estaba al costado de un canal en Claudio Arrau con El Portezuelo.

Los familiares concurrieron y se encontraron con un cuerpo semienterrado, desmembrado y que estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que dieron aviso a la policía.

Al canal llegó la Brigada de Homicidios de la PDI, que horas después se enteró que otra familia había recibido la misma llamada indicándole que un hombre al que le habían perdido la pista estaba enterrado en el mismo lugar.

Tras revisar el sitio los detectives hallaron el segundo cuerpo e indicaron que los fallecidos eran un hombre y una mujer, quienes al cierre de esta edición aún no habían sido identificados, por ende no se sabía si correspondían a las personas reportadas como desaparecidas.

Sobre este caso, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, dijo que "el tema de homicidios es una preocupación fundamental para el Gobierno. Nosotros cuando llegamos vimos que había un aumento sostenido de los homicidios en los últimos 10 años, lo que implica que también cualquier política pública requiere un tiempo" para aplicarse.

Una hija de la desaparecida declaró que "quiero justicia para ella y que se vaya detenida la persona que estaba en todo esto (...) Ninguna persona merece morir así, ella no era mala persona".

Luego de semanas de debate en el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó ayer el veto presidencial a la Ley de Usurpaciones y despachó la norma con las 14 observaciones que modifican su contenido, entre ellas la eliminación de la legítima defensa privilegiada. Con esto quedó lista para ser promulgada.

También se establecieron las penas dependiendo de la gravedad del delito. En el caso de las usurpaciones violentas, la pena llegará hasta los cinco años; tres años por usurpaciones con daño sobre las cosas; y hasta 541 días o una multa por usurpación sin violencia

Si bien hasta antes de las votaciones habían dudas sobre su aprobación, este último punto marcó el apoyo del Partido Republicano, Evópoli y el PDG al veto presidencial.

"La Araucanía y el sur de Chile están hoy contra la espada y la pared a propósito del veto a la Ley de Usurpaciones. No se puede caer esta ley y no podemos darnos el lujo de rechazar, porque dejaríamos a toda la gente en la indefensión", dijo antes de la votación el diputado Mauricio Ojeda (Rep), que ante el rechazo y críticas de RN y la UDI los acusó de ser una "versión Fruna" de su partido.

Algunos diputados del Frente Amplio y el PC rechazaron algunas indicaciones, pues acusaron que "criminaliza la pobreza". Tras la aprobación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró que se consiguiera "concitar un apoyo mayoritario en ambas Cámaras".

Indignados con el resto de la derecha, RN y la UDI ingresaron un nuevo proyecto. "No estamos dispuestos a quedarnos tranquilos con las migajas del Gobierno en lo que fue una verdadera extorsión al Parlamento", dijo el diputado Andrés Longton.

Cerca de las 14:00 horas de ayer, un grupo grupo de delincuentes ingresó a robar a una empresa de estructuras metálicas en Rancagua, donde amenazaron a 15 trabajadores a quienes les robaron sus celulares y secuestraron al dueño de la empresa, un hombre de 50 años. El hecho fue reportado a Carabineros, que gracias al rastreo del chip de la víctima lograron dar en San Fernando con uno de los vehículos en que llegaron los ladrones, en el que los policías detuvieron a tres sospechosos, dos venezolanos y un colombiano, y hallaron una pistola, dos llaves de otros vehículos, una billetera y otras especies. Al cierre de esta edición se seguía en búsqueda del empresario secuestrado.

El director del Hospital Ernesto Torres de Iquique, Sergio González, denunció ayer que descubrieron el robo de una ampolla de 10 milígramos de fentanilo, también llamada "droga zombie", desde la sala de cirugía mayor ambulatoria, donde esta sustancia es usada como analgésico y anestésico. El funcionario indicó que se pusieron los antecedentes a disposición de la justicia y que se inició un sumario y una querella para dar con el responsable del robo en el centro asistencia, donde habrían roto un candado. Por su parte, más tarde el Ministerio Público confirmó que fueron dos las ampollas robadas y que la Policía de Investigaciones realizaba las diligencias en el lugar. En las últimas semanas se han reportado al menos dos caso de personas portando esta droga.